Santiago de Chile.- La justicia chilena rechazó hoy levantar el embargo sobre bienes de la familia Pinochet, en el marco del juicio que indaga el origen de la fortuna que amasó el fallecido dictador en cuentas secretas en el extranjero, informaron fuentes judiciales.
El hijo del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, Marco Antonio Pinochet (i) a la salida de la cárcel, el pasado 6 de octubre. La justicia chilena rechazó hoy levantar el embargo sobre bienes de la familia Pinochet.
La resolución fue adoptada por la II Sala Penal de la Corte Suprema, sobre la base de que aún se desconoce el origen de la fortuna del dictador, fallecido en diciembre del año 2006, precisaron las fuentes.
La solicitud, presentada por los abogados de la familia, Pablo Rodríguez y Fernando Rabat, y rechazada en primera instancia por el juez del caso, Carlos Cerda, buscaba que se liberaran 2,5 millones de dólares depositados en el Banco de Chile, además de otros 300 mil dólares en el Bank Boston.
El rechazo de Cerda fue ratificado posteriormente por la IX Sala de la Corte de Apelaciones, que coincidió en su resolución en que existen dudas sobre el origen de la fortuna del general, que encabezó en Chile un régimen militar durante 17 años (1973-1990).
Los abogados de la familia Pinochet recurrieron entonces al máximo tribunal, que también desestimó la solicitud.
El juicio sobre la fortuna de Pinochet se abrió tras el descubrimiento de que manejaba, bajo nombres falsos, numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de EE.UU. y otras entidades financieras en el extranjero, en las que había amasado más de 26 millones de dólares.
De esa suma, unos 20 millones de dólares aparecen sin justificación legal, de acuerdo con la investigación judicial, cuyo responsable, el juez Cerda, ordenó el embargo de los bienes como medida de precaución.
Al morir, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en este caso por fraude tributario y uso de pasaportes falsos, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
El año pasado Cerda procesó y ordenó el arresto, por presunta malversación de fondos públicos, de Lucía Hiriart, viuda del dictador, a sus cinco hijos y a 17 colaboradores.
Los tribunales superiores anularon posteriormente las medidas del juez, por errores de procedimiento que, según la normativa legal, pueden ser rectificados, lo que abre la posibilidad de que los imputados sean nuevamente procesados.
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