Imputado el ex secretario municipal de Marbella por presunta falsedad documental

Marbella (Málaga).-  El ex secretario del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Leopoldo Barrantes ha sido imputado por un delito de falsedad de documentos sobre dos operaciones urbanísticas, en una pieza separada del "Caso Malaya", según señalaron a Efe fuentes judiciales.

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(EFE)

El ex secretario del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, ha sido imputado por un delito de falsedad de documentos sobre dos operaciones urbanísticas, en una pieza separada del "Caso Malaya".

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado tomar declaración a Barrantes por esta causa a finales de este mes y argumenta la imputación al no coincidir su certificación de una Comisión de Gobierno con el acta de celebración de la misma en enero de 2003.

En este procedimiento se encuentran también imputados, entre otros, el ex asesor del consistorio marbellí Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

El instructor acordó en diciembre de 2007 abrir un procedimiento aparte en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.

En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", tendrán que comparecer ante el juez en calidad de imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El magistrado destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.

El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.

Establece también que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico, se refleja un pago por 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".

El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.

Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".

Sobre la operación "Francisco Norte", indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el consistorio acordaba pagar a la empresa 3 millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.