Los agentes socioeconómicos respaldarán al Gobierno riojano en Luxemburgo

Logroño.-  Los agentes socioeconómicos riojanos respaldarán al Gobierno de La Rioja en la vista que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas celebrará el próximo 28 de febrero en Luxemburgo sobre las ayudas fiscales vascas, ha avanzado hoy el presidente del Ejecutivo regional, Pedro Sanz Alonso.

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(EFE)

En la imagen del pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso (i), durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural (DEVE) en el Comité de las Regiones en Bruselas.

Sanz Alonso, en una rueda informativa, ha aludido a esa vista judicial, acompañado del consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar; y del director general de Servicios Jurídicos, Juan Manuel Criado.

Sanz Alonso ha afirmado que una delegación riojana se trasladará a Luxemburgo para asistir a esa vista, formada por representantes del Gobierno regional, Federación de Empresarios de La Rioja, Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, UGT y CC.OO.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el próximo 28 de febrero, celebrará una vista sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) respecto a diversos recursos interpuestos, entre otros, por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta cuestión prejudicial es previa a la resolución de esos recursos, en la que influirá el resultado de esa vista en Luxemburgo, ha añadido Sanz Alonso, quien cree que el momento actual es "delicado" y "sensible", en el que "la lucha se ha recrudecido entre los intereses del Gobierno vasco y de la Comunidad riojana".

Ha recordado que el TSJPV decidió plantear esta cuestión prejudicial tras dictarse la sentencia de seis de septiembre del Tribunal de Justicia comunitario, relativa a las Islas Azores, en la que se fijan los criterios por los que es factible que entes infraestatales o regionales establezcan tipos impositivos reducidos, inferiores a los vigentes en el Estado en el que se insertan.

El Gobierno de La Rioja, durante esa vista, reiterará que los Territorios Históricos vascos no cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia comunitaria para establecer los tipos reducidos que mantienen en el Impuesto de Sociedades y pedirá al Tribunal de Luxemburgo que así lo declare.

También ha recordado que el Gobierno español socialista, en las alegaciones presentadas sobre esta cuestión prejudicial, se decanta por la posición que han mantenido las instituciones forales vascas y mantiene que los Territorios Históricos pueden fijar estos tipos impositivos reducidos.

Por su parte, la Comisión Europea comparte la posición del Gobierno de La Rioja y en las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia defiende las tesis riojanas, que coinciden también con las del Gobierno de Castilla y León y de UGT-Rioja.

Sanz Alonso ha precisado que "el Gobierno vasco sabe que se juega mucho en esta cuestión y está planteando una defensa a ultranza en todo lo que son los Tribunales de Justicia de la Unión Europea y en todo lo que es su posición contra la decisión que toma la Comisión Europea".

El director general de Servicios Jurídicos ha calificado de "satisfactorio" el balance de las vistas orales celebradas los pasados días 15, 16 y 17 en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas referentes a procesos relacionados con los beneficios fiscales concedidos en los Territorios Históricos vascos a partir de 1993.

El Gobierno de La Rioja, en estas vistas orales, intervino como parte coadyuvante de la Comisión Europea, ha recordado Criado, quien ha dicho que la estrategia de la parte demandante -Gobierno vasco, Territorios Históricos y organizaciones empresariales del País Vasco-, se orientó a "enmarañar" el pleito en base a "presunciones".

Sin embargo, la Comisión Europea y el Gobierno riojano defendieron su posición de acuerdo a las sentencias de los Tribunales comunitarios relativas a los asuntos "Demesa" y "Ramondín", que resolvieron las cuestiones planteadas en las que se declararon ilegales las ayudas de las Diputaciones Forales vascas.

El núcleo de la estrategia defensiva diseñada por los entidades demandantes se dirigió a evitar, esencialmente, la recuperación de las ayudas, cuestión sobre la que ya se pronunció el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sentencias dictadas en diciembre de 2006 y septiembre de 2007, ha subrayado.

Ha añadido que las entidades demandantes dieron especial importancia a la alegación relativa a una supuesta infracción del "principio de confianza legitima", al entender que la actuación de la Comisión hizo confiar a las autoridades vascas en la adecuación de las medidas al Derecho comunitario.