Santiago de Chile.- Abogados de derechos humanos valoraron hoy la decisión del Ejército chileno de entregar información a la justicia para aclarar la ejecución de 22 campesinos en 1973 y su posterior lanzamiento al mar en 1978.
La justicia ha determinado que los cadáveres de los campesinos fueron exhumados clandestinamente entre 1978 y 1979 y lanzados al mar a bordo de un helicóptero. En la foto una de las tantas protestas de los familiares de los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"Es tan importante y relevante esta información porque en definitiva cierra un capítulo sobre el destino final de las víctimas que fueron secuestradas y después ejecutadas", dijo la abogada Pamela Pereira a Radio Cooperativa.
La abogada -cuyo padre Andrés Pereira está entre los desaparecidos- junto a su colega Luciano Fouillioux sostuvo este miércoles una reunión privada con el comandante en jefe del Ejército Oscar Izurieta, en la que el jefe militar le informó de la decisión castrense.
"El comandante en jefe nos señaló su decisión de hacer entrega definitiva de la información que le había sido requerida por el juez Alejandro Solís (a cargo de la investigación) y que dice relación con el Comando de Aviación del Ejército (CAE)", explicó Pereira.
Los trabajadores agrícolas de la localidad de Paine, al sur de Santiago, fueron detenidos en octubre de 1973 por efectivos del ejército y carabineros y fueron trasladados a la quebrada de Los Quillayes, cerca del lago Rapel, 67 kilómetros al suroeste de la capital chilena, donde presuntamente fueron asesinados y enterrados
La justicia ha determinado que los cadáveres de los campesinos fueron exhumados clandestinamente entre 1978 y 1979 y lanzados al mar a bordo de un helicóptero Puma del CAE.
La abogada indicó que la información requerida a la institución por el juez Solís se refiere a detalles sobre las dotaciones de los helicópteros, sus identidades y las hojas con las rutas de vuelo.
Ello permitirá determinar, según la abogada, los responsables de la exhumación de los cadáveres en 1978 y su posterior lanzamiento al mar.
"Desde el punto de vista humano es muy relevante poder clarificar en definitiva cuál y cómo fue el destino de nuestros familiares y determinar las responsabilidades", dijo al abogada.
Pereira también señaló que todo "esto demuestra cómo la información siempre ha existido en la institución".
"Aquí el silencio se convierte en un factor de delito, por el que sin duda, hay que responder", recalcó.
Según se estableció en el proceso, los fallecidos coroneles Leonel Konig y Pedro Montalba, que fueron director y subdirector de la Escuela de Infantería del Ejército, fueron quienes ordenaron asesinar a los campesinos.
La matanza fue dirigida por el ex coronel de Ejército Andrés Magaña, procesado anteriormente por secuestro y homicidio y que confesó su participación pero adujo que cumplía órdenes.
Por este caso están procesados también seis carabineros y un transportista que participó en la detención de las víctimas así como seis civiles y un militar retirado
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