Un fiscal pide secuestrar 98 autos para diplomáticos sospechosos de contrabando

Buenos Aires.-  Un fiscal solicitó hoy a la Justicia argentina que secuestre 98 automóviles que fueron importados en base a un presunto fraude en el uso de franquicias diplomáticas para ingresar vehículos al país libres de impuestos.

El pedido fue realizado por el fiscal Luis Comparatore a la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la Cancillería el lunes último, informaron fuentes judiciales.

El escándalo involucra tanto a funcionarios de embajadas como a representantes de organismos internacionales al detectarse irregularidades en más del 90 por ciento de las tramitaciones de ingreso de automóviles entre 2004 y 2007.

El fiscal Comparatore solicitó a la jueza que se identifique tanto a los diplomáticos acreditados en el país como a los funcionarios del Departamento de Franquicias de la Cancillería, que ha sido intervenido y cuyo responsable fue cesado.

El martes último la Aduana también denunció ante otro magistrado presuntos casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles que involucran a unos 40 diplomáticos extranjeros.

Los diplomáticos deberán gestionar una autorización especial para poder sacar sus vehículos del país, dispuso además la Aduana con el aval del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

Al cabo de una auditoría, la Cancillería descubrió los presuntos ilícitos cometidos por un funcionario de la oficina encargada de las franquicias para la importación de automóviles destinados a diplomáticos.

En tanto, la Aduana presentó su denuncia para deslindar su responsabilidad en el ingreso libre de impuestos de los vehículos para diplomáticos, que es autorizado por la Cancillería como disponen normas internacionales en esa materia.

El precio de los automóviles ingresados bajo ese régimen resulta un 58 por ciento más barato debido a la exención de impuestos.

Las leyes argentinas, que castigan el contrabando con penas de dos a ocho años de prisión, establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.

También disponen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60.000 dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.

Las investigaciones involucran a vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que luego fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.