Quito.- La Cámara de Minería de Ecuador impugnó hoy la decisión del Ministerio de Minas y Petróleos de revertir al Estado 587 concesiones mineras, por incumplir con el pago de patentes de conservación.
En la imagen, trabajadores de la población minera de Bella Rica, a unos 400 kilómetros al suroeste de Quito (Ecuador), reciben el material pétreo extraído de una mina.
El presidente de la Cámara de Minería, César Espinosa, indicó en un comunicado, que su organización interpuso una solicitud formal ante la administración estatal para impugnar la decisión del Gobierno.
El Ministerio de Minas y Petróleos de Ecuador anunció hoy la caducidad de las 587 concesiones mineras, que suman un total de 536.387,58 hectáreas, en nueve provincias del país.
Según el Ministerio, la medida fue adoptada debido a "la falta de pago de patentes de conservación" por parte de las empresas concesionarias, como lo establecen las leyes y reglamentos del país.
Espinosa explicó que la impugnación se basa en un dictamen de la Procuraduría General del Estado, en la que se establece que los concesionarios mineros tienen, según la ley, un plazo de seis meses después de cada 31 de marzo para pagar las patentes.
Según el presidente de la Cámara, la Procuraduría remitió en abril de 2005 un oficio en que señala que la empresa concesionaria tiene ese tiempo adicional para pagar las patentes, aunque la ley aclara que si luego de ese plazo persiste la mora, esta sería una causa "de caducidad inmediata e irrevocable de su concesión".
Espinosa dijo que la mayor parte de las 587 concesiones que anunció el Gobierno en el proceso de caducidad, aun se encuentran "dentro de la ley, habiendo pagado su patente de conservación bajo los tiempos que estipula la norma".
Además, el empresario aseguró que, a su criterio, "no existe base legal para realizar todas las reversiones que busca el Gobierno" ecuatoriano.
También la compañía minera canadiense Ascendant Cooper negó hoy que haya incumplido sus obligaciones en Ecuador, como lo advirtió el Gobierno.
Francisco Veintimilla, representante en Ecuador de Ascendant Cooper, indicó a la emisora Radio Quito que su empresa no ha recibido aun la notificación de la sanción y desestimó la acusación, porque, según él, su compañía mantiene al día el pago de sus obligaciones.
"Nuestros pagos se efectuaron en su debido momento", remarcó Veintimilla, al afirmar: "es imposible" que se pueda demostrar que su compañía incumplió el pago de las patentes ambientales, por lo que rechazó la medida anunciada por el Ministerio ecuatoriano.
La firma canadiense, que posee varias concesiones en Ecuador, ha sido criticada por grupos de campesinos e indígenas, sobre todo en la zona minera de Intag, en la provincia andina de Imbabura, donde se le acusa de graves daños ambientales, que la firma rechaza.
De su lado, un ex ministro de Energía de Ecuador, Jorge Pareja, dijo que es de esperar que la medida adoptada por el Ministerio no asuste a las inversiones foráneas.
"Habría que ver si hay algún caso de excepción, y que no ahuyente esta medida a los inversionistas serios", remarcó Pareja.
El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, dijo por su parte que remitirá a la Contraloría General del Estado los expedientes de aquellas concesiones que no han pagado sus patentes, para que se inicien los respectivos juicios coactivos.
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