Defensa de la Sanidad Pública denuncia la desigualdad presupuestaria entre CCAA y pide aumentar 1% el porcentaje de PIB

MADRID.-  La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denunció hoy que existe una gran desigualdad presupuestaria entre la diferentes comunidades autónomas, lo que repercute en la "calidad" del sistema y trae consecuencias para los pacientes.

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EP (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denunció hoy que existe una gran desigualdad presupuestaria entre la diferentes comunidades autónomas, lo que repercute en la "calidad" del sistema y trae consecuencias para los pacientes.

Por ello, su presidenta, Carmen Ortiz Ibáñez, afirmó que es "absolutamente imprescindible" que se aumente en un 1 por ciento el porcentaje del PIB destinado al gasto sanitario, de manera que se reparta con destino exclusivo a la atención sanitaria y condicionado al cumplimiento de objetivos de un nuevo Plan Integrado de Salud, que deberá ser elaborado por Consejo Interterritorial que recoja las "necesidades reales" de salud de la población, y se formule como un "verdadero pacto de Estado de la Sanidad".

No obstante, "el incremento no es suficiente; si únicamente aumentamos la cantidad de dinero, sin condiciones, puede suponer que se dirija a aquellos sitios donde los ejecutivos de cada comunidad vean más necesario", indicó. Por ello, recomienda aumentar el presupuesto con "condiciones" y tras "una reformulación de criterios", de manera que "el dinero se vaya realmente a la sanidad", ya que, según denunció, "no hay un control sobre dónde se gastan el dinero las comunidades", pese a que existe un reglamento que exige a cada comunidad presentar al Gobierno un presupuesto anual en función de sus necesidad poblacional.

Entre los datos con los que cuenta la federación se puede observar que la Comunidad Valenciana es la que menos gasta en renta per capita, siendo el gasto por habitante de 1.116,58 euros. Por el contrario Extremadura, que "es la que tiene un PIB más bajo", es la comunidad que más gasta, con 1.652,50 euros por habitante. Mientras, la media del gasto, que es de 1.312,67 euros, se ha incrementado un 13,38 por ciento desde el 2005, cuando la media estaba en 1.157,69 euros.

Estos datos, para Ortiz Ibáñez, demuestran que "las diferencias no equivalen a la situación económica de cada comunidad", lo que se puede ver con la inversión en Madrid (1.143,43) o Barcelona (1.261,51) que están por debajo de la media.

"PROBLEMAS EN LA SOLIDARIDAD"

Por otra parte, advirtió que de seguir aumentando las diferencias entre los presupuestos se van a producir "problemas en la solidaridad" entre comunidades, "como el rechazo de pacientes alegando que son de otra comunidad". Además, temen que pueda despertar en ellas la confrontación territorial y mantener la tensión en el discurso político sanitario, sin contar que está demostrado que "la calidad de la sanidad sale mejor parada en las comunidades que invierten más".

Para que se cumpla en el tiempo, desde la federación se propone un seguimiento del Consejo Interterritorial del cumplimiento de los objetivos propuestos y de la aplicación de la financiación adicional. Además, recomienda el debate y la aprobación por el Parlamento de un acuerdo para la "consolidación, mejora y desarrollo sostenible" del Sistema Nacional de Salud.

Según señaló la presidenta de la FADPS, esta situación deficitaria en la sanidad pública es consecuencias de una mala tramitación en 2002 de las transferencias sanitarias, que se realizó con una "excesiva prisa" y sin tener en cuenta "los diferentes aspectos de las situación sanitaria del país y de las necesidades de las distintas comunidades". Y, según señaló Ortiz Ibáñez, también "a la falta de corresponsabilidad fiscal de los distintos responsables autonómicos" que están "amenazando" el SNS.

Al mismo tiempo aprovechó para criticar la situación "capitalista" del sistema que, siendo conscientes de que "los recursos de la sanidad son limitados", tiende a "influir en la sociedad en el consumo de nuevas tecnológicas y los milagros de la farmacopea" lo que a la larga "hace inviable el sistema sanitario y crea ciudadanos hipocondriacos". Por este motivo, el objetivo de la federación, según indicó su presidenta, es "volver al origen del sistema. Intentar tratar a los pacientes sin necesidad de hipermedicación".

"EFICAZ", "EQUITATIVO" Y "SOSTENIBLE"

FADSP propone "mantener y mejorar un SNS cohesionado, universal y solidario", para ello sugiere una serie de condiciones que, a su entender, debe integrar el sistema de financiación de la sanidad pública para que sea "eficaz", "equitativo" y "sostenible" que, a su vez, debe ser aprobado en el Consejo Interterritorial del SNS, para su posterior aprobación por el Parlamento como Ley Orgánica.

A su entender, la nueva financiación deberá "partir del análisis riguroso" de las necesidades y situación de cada CCAA en materia de estructura asistencial. Al mismo tiempo, "adecuar el porcentaje sobre el PIB destinado a sanidad", tomando como base el porcentaje medio destinado en el resto de países europeos. Además, deberá "aceptar la revisión de los criterios de reparto en la financiación e introducir de elementos de compensación interterritorial", que no puedan someterse a criterios políticos partidistas sino a rigurosos análisis políticos sanitarios y sociales.

Por otra parte, un buen sistema debe "insistir en la aplicación de un proceso de cohesión real", en el que deba prevalecer la Eficacia y Sostenibilidad del sistema sanitario de todo el Estado y un marco de Equidad y Equilibrio Territorial. Igualmente tiene que "equilibrar el reparto de fondos estatales en la financiación autonómica" y "valorar el homogeneizar criterios de gastos y utilización presupuestaria a la hora de ajustar partidas presupuestarias" como puedan ser los derivados por los conciertos la sanidad privada, la externalización de servicios, a empleados, etc.

Al mismo tiempo, debe apostar por la participación ciudadana y de los profesionales; por segregar, por parte de cada comunidad, el gasto sanitario del gasto social; y, finalmente, por auditar la evolución del gasto en cada CCAA; y, finalmente, por evaluar las ofertas formativas de los profesionales requeridos por cada CCAA, según sus necesidades.