Moscú.- Más de 150 altos cargos rusos, ex alumnos de diversas universidades británicas, han pedido en una carta abierta al presidente ruso, Vladímir Putin, que reconsidere la decisión de cerrar las filiales del British Council (BC) en el país, informó hoy el diario "Gazeta" en su página digital.
James Kennedy, jefe del British Council, sale de las oficinas del British Council en Moscú, Rusia, el16 de enero pasado.
En la misiva, empresarios, funcionarios y directores de medios rusos expresan que el cierre de los centros británicos "no sólo perjudica la imagen de Rusia", sino que supone también "un golpe para los intereses de millones de rusos".
Los miembros del British Alumni Club, asociación que reúne a los ex alumnos de las universidades británicas, señalan en el texto, remitido la semana pasada a Putin, que sólo en los dos últimos años más de un millón de rusos utilizaron los servicios del British Council.
En tanto, representantes de la embajada del Reino Unido en Moscú se mostraron agradecidos por la carta abierta dirigida al presidente y dijeron "valorar mucho este apoyo".
El presidente del monopolio eléctrico ruso Sistemas Energéticos Unidos (SEU), el ex viceprimer ministro Anatoli Chubáis, declaró durante una conferencia sobre inversiones que el cierre de los centros británicos tendrá consecuencias nefastas para las empresas rusas.
"Claro que podemos continuar peleándonos con el British Council. ¿Pero qué precio tendrá que pagar Rusia por esta clase de política exterior?", se preguntó.
Para Andréi Shilov, corresponsal de la televisión rusa NTV, el cierre de los centros y el acoso a sus empleados forma parte de una campaña propagandística para "demostrar" que "Rusia está rodeada de enemigos".
En diciembre pasado, el ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió el cierre de las filiales del BC en San Petersburgo y Yekaterimburo con el argumento de que no existía una normativa legal que regulara su funcionamiento, demanda que no fue hecha extensiva a las oficinas de ese organismo en Moscú.
Este contencioso es el último episodio de las tensas relaciones que Rusia y Reino Unido mantienen desde el asesinato en Londres en 2006 del ex espía ruso Alexander Litvinenko, quien dejó una carta en la que responsabilizó de su muerte al presidente ruso.
Las autoridades británicas demandan la extradición del también ex espía, empresario y recién elegido diputado Andréi Lugovói, principal sospechoso de la muerte de Litvinenko, envenenado con una sustancia radiactiva en Londres en noviembre del año pasado.
Sin embargo, las autoridades rusas se escudan en que la Constitución de su país prohíbe expresamente la extradición de nacionales del país para denegar la petición de las autoridades británicas.
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