La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, y sus opositores regionales se encuentran hoy más enfrentados y a las puertas del fin de la tregua política vigente desde finales de 2007, tras un mes perdido para el llamado "diálogo nacional".
Aunque las conversaciones comenzaron en enero con expectativas positivas y la formación de dos comisiones de trabajo, las posturas se han endurecido y ambas partes han tomado decisiones unilaterales sobre asuntos que estaban sobre la mesa de debate, lo que ha perjudicado el acercamiento.
En la práctica, el Ejecutivo de Morales y los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca parecen haber dejado en un punto muerto la negociación, aunque nadie quiere anunciar públicamente la ruptura del diálogo.
En lo único que "han coincidido" Gobierno y prefectos en todo este tiempo es en acusarse mutuamente de entorpecer las conversaciones y de ser inflexibles en sus posiciones.
La relativa "paz social" que ha vivido Bolivia desde la pasada Navidad, cuando los gobernadores solicitaron abrir el diálogo con el Ejecutivo, parece peligrar ahora con el "ultimátum" que han dado a Morales para que responda hasta el próximo miércoles a sus reivindicaciones, bajo la advertencia de medidas de presión.
Los desacuerdos se mantienen intactos sobre el proyecto de nueva Carta Magna impulsada por Morales, los estatutos autonomistas de cuatro regiones y el recorte de los ingresos petroleros de los departamentos, temas a los que la oposición suma ahora, otra vez, la polémica por la sede de los poderes estatales y la capital.
La disputa por la capitalidad entre Sucre y La Paz fue el mayor conflicto que afrontó la Asamblea Constituyente el año pasado y provocó violentos disturbios que causaron tres muertos y cerca de 300 heridos.
El portavoz presidencial, Alex Contreras, calificó hoy de un "ultimátum" el plazo y lo rechazó porque supone "una ruptura del proceso de diálogo" y una falta de "voluntad política".
"Plantean un ultimátum al Gobierno que no lo aceptamos y siete demandas, pero ninguna propuesta", declaró Contreras, al calificar de "ilegales" las nuevas peticiones del Consejo Nacional Democrático (Conalde), el foro que agrupa a los gobernadores y cívicos opositores.
Desde la otra parte, los líderes regionales también acusan a Morales de falta de voluntad política y de no haber adoptado decisiones firmes para llegar a acuerdos sobre los asuntos neurálgicos de la crisis política que vive Bolivia.
De hecho, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo hoy a radio Erbol que la "estrategia" de Morales parece consistir en hacer "el papel de bueno" ante la opinión publica, pero ordenando a sus ministros y técnicos que "no aflojen nada" en las conversaciones.
Así las cosas, la sombra de un referendo revocatorio sobre el mandato de Morales y de los gobernadores planea cada vez con más fuerza para dar salida al crónico enfrentamiento político de Bolivia.
Según el analista Carlos Cordero, a la vista de que las posiciones del Gobierno y de los prefectos no han cambiado en un mes, parece que finalmente todo se encamina hacia ese referendo.
"El proceso electoral no resolverá la crisis, pero nos aproxima o conserva por lo menos la paz social en esta relación tensa y difícil entre Gobierno y los prefectos", dijo Cordero.
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