HRW celebra el fin de la silla eléctrica como vía de ejecución en EE.UU.

Nueva York.-  La organización Human Rights Watch (HRW) celebró hoy el destierro definitivo de la pena de muerte por electrocución en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo de Nebraska declarara hoy que el método es anticonstitucional.

"La decisión de hoy elimina la brutal práctica de las electrocuciones en Nebraska" y "es un paso importante hacia la eliminación de las ejecuciones intrínsecamente inhumanas en Estados Unidos", aseguró hoy en un comunicado Sarah Tofte, investigadora de la organización defensora de los derechos humanos.

En cuanto a la posibilidad de que ahora Nebraska opte por implantar la inyección letal en sustitución de la ejecución por electrocución, recordó que ese método "no es tan humano como parece", ya que "hay muchas evidencias de que los prisioneros condenados tiene el riesgo de sufrir dolores muy agudos".

La pena de muerte rige en 36 de los 50 estados del país y Nebraska era el único que mantenía la silla eléctrica como método de castigo. En los demás, la máxima condena se aplica mediante una inyección letal.

"Las pruebas demuestran que la electrocución inflige un dolor intenso y un sufrimiento agonizante. Por lo tanto, la electrocución como método de ejecución es un castigo cruel y desusado", manifestó hoy el tribunal de Nebraska, integrado por nueve miembros.

Además, comentó, es "un dinosaurio más apropiado para un laboratorio del Barón Frankeinstein que para una cámara de la muerte".

"Este es el último clavo en el ataúd de la electrocución", indicó Richard Dieter, director del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM), quien añadió que "es un mensaje dirigido a los otros estados en el sentido de que la pena de muerte está bajo el escrutinio de los tribunales estatales y federales".

Desde que fue restablecida la pena de muerte por el Tribunal Supremo en 1976, han sido ejecutadas 1099 personas en Estados Unidos, 154 mediante la electrocución.

La pena capital está bajo una virtual moratoria en Estados Unidos desde septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Supremo decidió considerar los alegatos de dos condenados en el estado de Kentucky, que sostienen que la inyección letal también es un castigo inconstitucional.

En el año en que fue restablecida la pena de muerte contaba con el apoyo de más de un 80 por ciento de la población de Estados Unidos.