Las medidas penales alternativas crecieron un 140% en Navarra en 4 años

Pamplona.-  Las personas que en los últimos cuatro años se beneficiaron en Navarra de medidas penales alternativas crecieron un 140,7%, pues cada vez hay más presos con suspensión condicional de pena, libertad condicional, localización permanente, trabajo en beneficio de la comunidad y medidas de seguridad.

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(EFE)

Manifestación covocada por Euskal Herritarrok para el traslado de presos de ETA a las comunidades autónomas vascas y navarra.

Así lo señaló hoy el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, quien en conferencia de prensa valoró que frente a los 386 presos que en 2004 disfrutaban de estas medidas, ya eran 430 en 2005, 562 en 2006 y 775 en 2007.

Así, la medida más utilizada en 2007 fue la suspensión condicional de la pena (241 casos, 81 más que en 2006), seguida de la libertad condicional (154, 30 más), la localización permanente (151, 51 más), el trabajo en beneficio de la comunidad (123, 49 más) y las medidas de seguridad (106, dos más que en 2006).

De los 775 casos de 2007 (el 91,7% son varones), el 75% era de nacionalidad española y del 25% de población extranjera restante, Ripa destacó que el 44,3% tenía penas relacionadas con delitos de violencia de género y doméstica, dato que destacó "con la intención de advertir sobre un problema real que bajo ningún concepto hay que soslayar, aunque, por supuesto, sin estigmatizar a nadie en función de su procedencia".

Respecto a las edades de los beneficiarios, prevaleció el tramo 31-40 años (40,5%), seguido por las horquillas 41-60 (29%), 26-30 (13%), 21-25 años (10%) y más de 60 años (7%), si bien los menores de 21 años suponen sólo cuatro casos (0,5%), "lo que evidencia el flagrante error de quien asocia delincuencia y juventud".

Si se excluyen a los penados con localización permanente por faltas, de las 624 personas que en Navarra cumplen medidas penales alternativas el 32% cometieron delitos contra las personas -mayoritariamente malos tratos en el ámbito familiar (26,5%)-, el 28% delitos contra el patrimonio y el 21% contra la salud pública (tráfico de drogas fundamentalmente).

Con una afección porcentual menor figuran los delitos contra la libertad y el orden público (6% en cada caso), contra la seguridad del tráfico (3%) y contra la libertad sexual (2%).

Otro dato muy relevante es que, sin contar la localización permanente, el 55,5% de quienes cumplen medidas alternativas mantiene su trabajo y el 13,5% percibe pensión (mayormente por invalidez), por lo que el 70% "cuenta con ingresos propios suficientes para subsistir y para poder responder de la responsabilidad civil".

También destacó Ripa como "detalle de capital importancia para comprender la filosofía humanista y humanizadora del Servicio Social Penitenciario", que 320 de los usuarios de las medidas penales alternativas (en sus modalidades de suspensión condicional, medidas de seguridad y libertad condicional) presentaban problemas específicos de carácter socio-sanitario ya diagnosticados.

Así, 181 estaba relacionado con la drogodependencia, 77 con patología dual, 39 con enfermedad mental, 3 con trastornos de conducta sexual y 2 con discapacidad intelectual.

En todo caso, 275 de estas personas con problemas socio-sanitarios estaban "bajo supervisión férrea del Servicio Social Penitenciario. El 91%, por tanto, están sometidas a tratamiento en la red de salud y servicios sociales (36 en régimen de internamiento y 239 en ambulatorio)".

Asimismo, valoró el "esperanzador" resultado del tratamiento, ya que el fracaso terapéutico suma un 4,3% (con 9 abandonos y las 3 expulsiones) pese a que "se trata de un colectivo con extraordinarias dificultades. Esto significa que el grado de compromiso de los usuarios con los programas es alto y que la tarea de los profesionales resulta encomiable".

Por todo ello, Ripa consideró que "el sistema penitenciario español no puede entenderse ya hoy sin las medidas penales alternativas", que además de paliar la saturación de las cárceles españolas, "contribuyen en mayor medida que el internamiento en la cárcel a la reinserción social y son eficaces".

Al respecto, expuso que en Navarra sólo se registró en 2007 un 3,5% de fracaso, cifra superior en 0,5% al año anterior pese a que en 2007 se gestionaron un 38% más de expedientes, dijo para subrayar que el crecimiento de las personas sujetas a las medidas penales alternativas "no ha supuesto un aumento de la criminalidad", ya que en Navarra ésta tasa se encuentra a 20 puntos de la media española y a casi 40 de la tasa comunitaria.