El Parlamento de Timor Oriental prorroga el estado de excepción de treinta días

Sídney (Australia).-  El Parlamento de Timor Oriental prorrogó hoy treinta días el estado de excepción que se declaró el 11 de febrero después de que militares rebeldes intentaran asesinar al presidente del país, José Ramos Horta, y al primer ministro, Xanana Gusmao.

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(EFE)

Soldados de Timor Oriental muestran sus armas durante un desfile miilitar en Dili (Timor Oriental), hoy 22 de febrero de 2008.

A petición del presidente interino, Fernando Lasama de Araujo, el Legislativo aprobó con doce votos en contra la moción, que entrará en vigor mañana.

La medida se adopta el mismo día que un millar de policías y soldados retomaron las tareas de búsqueda de los treinta militares fugitivos que participaron en los atentados.

El jefe de las Fuerzas Armadas timorenses, el general Taur Matan Ruak, explicó a la prensa australiana que Gusmao le ordenó crear una fuerza conjunta para la persecución, en la que también participan la Policía de la ONU (UNPol) y la Fuerza Internacional de Seguridad, contingente este último formado por tropas de Australia, Malasia, Nueva Zelanda y Portugal.

Por su parte, Ramos Horta, de 58 años, quien se recupera en una clínica en el norte de Australia de tres heridas de bala, expresó su preocupación por la inestabilidad en su país, pidió paz y afirmó que no guarda rencor a nadie.

Era la primera vez que el mandatario timorés pudo intercambiar unas palabras con su familia desde que sufrió el atentado, porque los médicos le habían tenido en un coma inducido.

El comandante rebelde Alfredo Reinado planeó y dirigió los atentados que le costarían la vida, la de uno de sus hombres y la de un guardia de seguridad del presidente.

Gusmao salió ileso de la ráfaga de balas que le dispararon contra su coche en Dili cuando se dirigía al trabajo.

Reinado formó parte de los 599 militares expulsados por insubordinación del Ejército en 2006, porque se negaron a deponer sus demandas de mejoras laborales y sus denuncias de corrupción y nepotismo en el cuerpo castrense.

Ante la reacción de las autoridades, Reinado sacó sus protestas a las calles y brotó una espiral de violencia que causó 37 muertos y dejó más de 100.000 personas desplazadas.

La situación obligó al Gobierno a pedir tropas de ayuda a Australia, Malasia, Nueva Zelanda y Portugal y determinó el regreso de la ONU al territorio.