El Gobierno boliviano confundió el apoyo popular con un cheque en blanco, dice el opositor Óscar Ortiz

La Paz.-  El presidente del Senado de Bolivia, Óscar Ortiz, pretende que esta institución sea un espacio de equilibrio y concertación, frente a un Gobierno que "confundió el inmenso apoyo popular" obtenido en las elecciones con un "cheque en blanco".

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(EFE)

El parlamentario boliviano Óscar Ortiz, del partido Poder Democrático y Social (Podemos), preside desde hace poco más de un mes el Senado de Bolivia.

Ortiz, del partido Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), preside desde hace poco más de un mes el Senado de Bolivia, donde los opositores al Gobierno de Evo Morales son mayoría, lo que ha provocado la paralización de numerosos proyectos legislativos impulsados por el Ejecutivo.

En una entrevista con Efe, Ortiz criticó que el actual Gobierno haya tratado de imponer "su exclusiva visión" al conjunto de los bolivianos, pero se ha encontrado con el "muro" de que la mitad de la población "piensa diferente" y "no está de acuerdo con esa imposición".

Por este motivo, su reto al frente del Senado, como institución no controlada por el oficialismo, es consolidar un foro de equilibrio, "no para obstaculizar las políticas del Gobierno, sino para obligarnos a todos a sentarnos en mesas comunes de discusión, análisis y concertación", afirmó.

La concertación es obligada, según Ortiz, para afrontar los desafíos del país, inmerso en una crisis política provocada porque la Asamblea Constituyente "lamentablemente no ha podido" dar a los bolivianos un texto constitucional "de consenso que sirva para consolidar la unidad y la integración".

En 2008, Bolivia debe resolver "cómo acordar un nuevo texto constitucional que atienda las demandas de inclusión social y de autonomías departamentales" para consolidar un sistema democrático "equilibrado, solidario y moderno que nos permita progresar", anotó Ortiz.

El presidente del Senado está convencido de que el "problema esencial" de Bolivia es la pobreza a pesar de que, a su juicio, el país está "entrampado en una discusión ideológica que ha buscado generar una especie de confrontación racial".

"Y la pobreza no la vamos a combatir creando mayores condiciones de confrontación y división entre nosotros", sino diseñando un estado descentralizado, con una economía que genere ingresos y con unas instituciones que repartan esos beneficios mediante políticas sociales "muy bien estudiadas", apuntó.

Procedente del sector empresarial de Santa Cruz -la región más próspera de Bolivia y feudo de la oposición a Morales-, Ortiz cree que se avecinan problemas económicos y sociales, por una "agenda excesivamente politizada" que ha impedido aprovechar la bonanza internacional de los últimos años.

El otro problema es que no crece el empleo, lo que puede aumentar la tensión social, advirtió Ortiz, que recordó que las principales preocupaciones de los bolivianos son precisamente el desempleo y la subida de precios en la cesta de la compra.

A estas circunstancias se añade "un problema de crisis energética", lo que para el presidente del Senado es "contradictorio" en un país convencido de su riqueza en hidrocarburos y que se ha dedicado en los últimos años "a discutir cómo la vamos a distribuir".

Pero la realidad "es que no estamos cumpliendo los compromisos de exportación" y que el país se enfrenta, en su mercado interior, a "una situación muy crítica en el abastecimiento de combustibles líquidos y energía eléctrica".

Así, Bolivia debe resolver este año sus "complicados" problemas políticos, sumados a una previsible crisis social y económica "más o menos compleja", resumió Ortiz, quien reclama una actitud "proactiva y propositiva" para superar esta situación.

El presidente del Senado no cree que la salida "ideal" a esta crisis sea la convocatoria a un referéndum revocatorio sobre los mandatos del presidente, su vicepresidente y los nueve prefectos (gobernadores) regionales, tal y como está planteado.

Ortiz teme que, en el futuro, esta consulta genere "un clima de inestabilidad institucional", porque, a su juicio, el Gobierno plantea diferentes criterios para revocar o confirmar a los dirigentes nacionales y a los regionales.

"Deberíamos estandarizar la norma para todas las autoridades", propone.