Medio millón de alumnos puertorriqueños volverán a clase con normalidad

San Juan.-  Las 1.523 escuelas públicas de Puerto Rico volverán a la normalidad mañana después de que los docentes que estaban en huelga desde el 21 de febrero decidieran hoy regresar a clases durante una asamblea general de la Federación de Maestros.

Unos 10.000 maestros lo acordaron así votando a mano alzada en el coliseo Roberto Clemente de San Juan después de que el Gobierno se comprometiera, entre otras cosas, a no tomar represalias contra los educadores que participaron en la huelga.

Sin embargo, el presidente del sindicato, Rafael Feliciano, quiso dejar claro que se trata de un "receso" del paro, "que no se equivoque nadie, esto es una tregua dentro de un proceso complejo".

Feliciano reiteró que la huelga, no permitida por ley para los maestros de escuelas públicas en Puerto Rico, "es la única garantía de que el gobierno cumpla sus promesas".

Más de medio millón de alumnos de las escuelas públicas del país, en la que trabajan 42.000 maestros miembros de la Federación, se han visto afectados por un paro en el que se han producido forcejeos en las entradas de los colegios que han acabado en varios arrestos.

El secretario de Educación, Rafael Aragunde, dio la "bienvenida" a la decisión que "es una nota positiva que debemos celebrar", pero insistió en que "no era necesaria una huelga y que el liderato actual de la Federación se equivocó al levantarse de la mesa de negociación el miércoles 20 de febrero".

"De haber permanecido, hoy estuvieran acordados muchísimos artículos (del convenio colectivo) que beneficiarían al magisterio puertorriqueño", sostuvo Aragunde tras la finalización del paro.

El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, presentó ayer un plan para aumentar el sueldo a los maestros de manera escalonada en ocho años para pasar de los actuales 1.500 dólares mensuales a los 3.000.

Además, propuso crear un fondo para mejoras y compra de equipos para las escuelas de 1.250 millones de dólares.

El fondo ayudará al desarrollo de espacios de recreación, mejoras a los sistemas eléctricos, uso de nueva tecnología, facilidades para el manejo de aguas usadas, remoción de asbesto y eliminación de barreras arquitectónicas.

Por su parte, Aragunde había ofrecido lunes a los maestros sentarse a dialogar con el sindicato que convocó el paro pero sin comprometerse a llegar a acuerdos.

El secretario de Educación realizó el ofrecimiento basándose en recientes determinaciones judiciales que confirman que la Federación de Maestros no tenía derecho legal a convocar a la huelga, por lo que perdió su potestad como representante exclusivo e interlocutor válido para negociar.

Aseguró que no se tomarían "represalias ni medidas disciplinarias" contra los maestros que participaron en la huelga "siempre que se haya tratado de una participación que no constituya la comisión de un delito".

La Federación de Maestros convocó a la huelga indefinida después de casi 30 meses de negociación colectiva en la que se habían firmado 26 artículos del convenio, se habían discutido otros 20 y otros 16 no se habían abordado.

Para el gobierno, y como han ratificado diferentes foros judiciales, el paro era ilícito porque la Ley de Sindicación de los Empleados Públicos, que regula las relaciones laborales de los maestros del país, prohíbe la huelga.

Para la Federación, la ley que prohíbe el paro de los maestros es una "imposición" contraria al "derecho irrenunciable a la huelga reconocido constitucionalmente", reiteró hoy Feliciano.

Los maestros reclaman además del aumento de sueldo, que no había aumentado desde hace una década, una mayor participación en la planificación del año escolar, un máximo de 15 estudiantes por grupo y mejoras en las condiciones de salubridad de las escuelas.

Aragunde lamentó hoy que la participación de personas "ajenas a la comunidad académica" en los piquetes que se establecieron durante la huelga a las entradas de las escuelas "ha sentado un precedente nefasto".