La APDHA prevé la reactivación de la emigración clandestina hacia las costas andaluzas

Granada.-  La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía prevé una reactivación de la emigración clandestina hacia las costas andaluzas en 2008 vistas las cifras de los dos primeros meses del año, en los que han llegado 2.096 inmigrantes, 624 a la costa andaluza, por las travesías más dificultosas de otras rutas.

Uno de los miembros de la APDHA, Miguel García, ha presentado hoy en rueda de prensa el informe anual Derechos Humanos en la Frontera Sur 2007, que señala que se ha continuado profundizando en algunos de los aspectos "más problemáticos" de las rutas migratorias desarrolladas por España.

Según los datos del Ministerio del Interior, el Estado español ha repatriado en 2007 a 55.938 inmigrantes en situación irregular, un 6 por ciento más que en 2006, frente a una menor llegada por medio de embarcaciones, 18.507, un descenso del 53,9 por ciento frente a 2006.

Pero según la APDHA, los datos de detenciones son superiores debido a las personas detenidas en las costas africanas, que han superado las 12.000, por lo que teniendo en cuenta estos datos, el descenso de personas detenidas en embarcaciones apenas ha superado el 30 por ciento.

Según García, son datos presentados de forma "triunfalista" por el Gobierno para mostrar en año electoral la eficacia de su política de regulación de los flujos migratorios y un enfoque que ha permitido al PP usarlo "sin escrúpulos y con propuestas intolerables".

El Informe de la Asociación recoge que de forma contrastada 921 personas perdieron la vida en 2007, pero estiman que podrían ser al menos 3.500, consecuencia de políticas de control de fronteras.

En los primeros meses de 2008, han llegado a las costas españolas 2.096 inmigrantes (624 a Andalucía, 43 a Baleares, 113 a Murcia y 1.316 a Canarias), datos que no descartan una reactivación de la emigración hacia Andalucía por el despliegue del Frontex y el renovado flujo migratorio de Marruecos y Argelia.

La APDHA plantea un nuevo diseño de la política migratoria: no seguir con el dogma del cierre de fronteras, respeto "escrupuloso" de los derechos humanos, reconsiderar el papel de los Centros de Internamiento, incluso su cierre; así como que el Gobierno ratifique el protocolo 4 de Derechos Humanos de la UE, en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes.