El Tribunal Supremo escucha un caso sobre la prohibición de tenencia de armas en Washington

Washington.-  El Tribunal Supremo de EE.UU. escuchó hoy, por primera vez en 70 años, los argumentos de un caso sobre si una ley de la capital estadounidense que prohíbe la tenencia de armas de fuego viola o no el derecho constitucional a portarlas.

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(EFE)

Durante la audiencia el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, pidió al abogado de la ciudad de Washington, Walter Dellinger, que explicara "por qué es razonable mantener una prohibición total" de la tenencia de armas en manos privadas.

La mayoría de los nueve magistrados de la máxima corte de Estados Unidos pareció apoyar la idea de que la Segunda Enmienda de la Constitución protege el derecho de un individuo a portar armas, y no es un derecho que esté ligado únicamente a una milicia estatal.

Durante la audiencia el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, pidió al abogado de la ciudad de Washington, Walter Dellinger, que explicara "por qué es razonable mantener una prohibición total" de la tenencia de armas en manos privadas.

Dellinger contestó que la prohibición sólo aplica a aquellas armas que se consideran extremadamente peligrosas.

Grupos a favor y en contra de la medida para el control de armas se presentaron hoy ante el Tribunal Supremo con la intención de influir en el dictamen que los jueces emitirán a finales de junio próximo.

La decisión del Tribunal Supremo podría tener un impacto en las diversas leyes estatales que rigen la venta y tenencia de armas en Estados Unidos, un país donde se calcula que unas 60 millones de personas poseen un arsenal combinado de más de 200 millones de armas.

Una encuesta del diario The Washington Post señaló recientemente que el 59 por ciento de los estadounidenses apoya la prohibición de armas, al igual que el 76 por ciento de los residentes de Washington.

La Segunda Enmienda, adoptada en diciembre de 1791, reza así: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

Desde 1976 la ley del Distrito de Columbia, donde se ubica la capital de EE.UU., prohíbe la posesión de revólveres y exige que los rifles y escopetas en manos privadas estén descargados o tengan un mecanismo para desactivar el gatillo.

Esa ley es una de las más estrictas en lo que se refiere al control de armas de fuego en EE.UU.

El juez Samuel Alito, que al igual que Roberts fue designado por el presidente George W. Bush, consideró que las exigencias sobre el manejo de rifles y escopetas hace difícil que esas armas puedan utilizarse en defensa propia.

Pero los cuatro jueces de corte liberal del Supremo consideraron que la ley en cuestión tiene sentido, tomando en cuenta la alta tasa de criminalidad en Washington.

El juez Stephen Breyer, por ejemplo, citó estadísticas que señalan que entre 80.000 y 100.000 personas en Estados Unidos mueren o resultan lesionadas cada año como consecuencia del uso de armas de fuego.

Agregó que, en el caso de la capital de EE.UU., la cifra de muertos oscila entre 200 y 300, y el número de heridos ronda entre 1.500 y 2.000.

A luz de esos datos, se preguntó Breyer, "¿por qué no sería una respuesta razonable o proporcionada la prohibición de armas?"

En representación del Gobierno federal el abogado Paul Clement argumentó a favor del derecho de poseer armas, pero también defendió la constitucionalidad de varios estatutos federales que restringen la venta de metralletas, prohíben la tenencia de armas a personas con historial de delitos graves, y exigen la revisión de antecedentes penales de quienes deseen comprar armas.

El caso llegó ante el Supremo después de que Dick Anthony Heller, un guardia de seguridad que reside en una zona de alta criminalidad y trabaja en un edificio federal, argumentara que así como la ley le permite el uso de armas en su trabajo también se lo debe permitir en su casa para defensa propia.

Su abogado, Alan Gura, dijo ante el Supremo que la ley en cuestión "prohíbe todo tipo de armas para toda la gente en todos los hogares y en toda circunstancia" lo que, a su juicio, le parece injusto.

Gura, sin embargo, reconoció que el Gobierno tiene derecho a prohibir ciertas armas, como las metralletas, que no deberían caer en manos de civiles.

El caso llegó ante la máxima corte de Estados Unidos en momentos que una serie de tiroteos en recintos universitarios y centros comerciales ha reabierto el debate nacional sobre la tenencia de armas en el país.

Se trata del caso de mayor envergadura política ante el Supremo, después del caso relacionado con los derechos de los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) y del caso sobre las ejecuciones por inyección letal, según observadores.