Terminar de ordenar la costa, un reto para el nuevo Gobierno

Veinte años después de la aprobación de la Ley de Costas, el 20% del litoral español sigue sin deslindar. Esto significa que no se conoce cuál es el límite entre las zonas de propiedad privada y pública o, lo que es lo mismo, los lugares donde se puede o no construir. El texto de 1988 daba un plazo de cinco años para definir estos límites, una tarea que aún no ha finalizado.

La costa mediterránea es una de las más urbanizadas.

Esta Ley se aprobó con el objetivo de conservar la costa española y defenderla de la construcción brutal a la que estaba siendo sometida. Su aplicación exigía definir los límites entre lo que era zona de propiedad pública y privada, conocidos como deslindes. Después de delimitar esta zona, estaría prohibido construir en zonas públicas. Además, todos los edificios que se encontraran en dominio público, incluso aquellos que se hubieran construido antes de que se aprobara la Ley, pasaban a ser propiedad del Estado.

Carmen del Amo es la coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. En 2005 compró una vivienda en Alicante construida en los años 60 y que, con la Ley de 1988, pasa a estar en dominio público. La Ley contempla un derecho de concesión para las personas que, como Carmen, sean propietarias de una vivienda que ha pasado a estar en situación ilegal. Este derecho les permite permanecer en la vivienda por un periodo de 30 años prorrogables a otros 30. Después de este tiempo, las viviendas pasarán a ser derruidas.

«Me siento insegura porque vivo en una casa que no es mía y que no puedo vender porque es propiedad del Estado», asegura Carmen. En efecto, cuando una vivienda está en esta situación, no se puede comprar, vender o hipotecar. Sin embargo, muchas personas compraron su vivienda sin saber que ésta se encontraría en una zona pública puesto que los deslindes definitivos no estaban aún establecidos.

Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado un empujón a la aplicación de la Ley, realizando cerca de un 10% del total de los deslindes. El nuevo gobierno se enfrentará al reto de rematar la faena porque, según aseguran desde Medio Ambiente, «se calcula que el resto de deslindes que quedan por determinar se llevará a cabo durante este año».

Las deficiencias de la Ley

"El gran problema de la Ley de Costas es que se hizo una para todo el Estado pero no todas las zonas se encuentran en las mismas condiciones», asegura Rafael Duarte, concejal de urbanismo de Estepona y conocedor de la situación urbanística en la Costa del Sol. Duarte defiende que, «en 1988, la Dirección General de Costas no era consciente de lo que se le venía encima. Era necesario mucho trabajo para establecer los deslindes y no había medios suficientes así que Costas estableció deslindes provisionales». Esta provisionalidad permitió que se siguieran construyendo pisos que después se han declarado ilegales.

Los miembros de la Plataforma denuncian que existen ocasiones en las que «los deslindes se realizan con criterios absolutamente arbitrarios», según señala su portavoz, el abogado José Ortega. «La ley se está aplicando de manera abusiva», defiende Ortega. Su plataforma reúne a cerca de 6.000 personas que creen que en muchas ocasiones los deslindes se realizan de manera irregular.

No hay cifras oficiales pero la Plataforma estima que alrededor de 500.000 personas podrían encontrarse afectadas. El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, califica esta cifra como «desproporcionada». Buena parte de los afectados –entre un 5% y un 10% según la plataforma– son extranjeros, principalmente de origen británico y alemán e incluso los medios ingleses se han hecho eco de las repercusiones de la Ley de Costas.

La postura oficial es clara.«Estamos actuando dentro de la Ley y cumpliendo lo que ésta estipula», afirman desde Medio Ambiente. «Las personas afectadas empiezan a mentalizarse y, en muchas ocasiones, se llega a un acuerdo con ellos para derribar la casa sin apurar el periodo de concesión. Intentamos trabajar en colaboración con los ayuntamientos para reubicarlos».