Valencia.- El Tribunal Supremo estima que el Plan de Reforma de Protección Interior (PEPRI) del barrio Cabanyal de Valencia no puede ser considerado un "expolio", ya que fue una actuación urbana formulada y aprobada por la Administración local y la autonómica en el ejercicio de sus respectivas competencias.
Un miembro de la plataforma "Salvem el Cabanyal" delante de un inmueble en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) del Cabanyal-Canyamelar.
El Supremo ha hecho pública hoy la sentencia por la que desestima los recursos de casación contra la autorización del citad plan -que prevé la prolongación de la avenida Blasco Ibañez hasta el mar- presentados por la plataforma Salvem el Cabanyal y la asociación de vecinos PAVIMAR.
Los recurrentes alegaron que el PEPRI comportaba un "verdadero expolio" del conjunto histórico, si bien, subraya el fallo, "no existe constancia de que se haya promovido actuación alguna" de las previstas por la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Según explica, el "concepto de expoliación" obliga al Estado a establecer medidas de defensa ante posibles ataques físicos a los bienes protegidos, y también contra daños administrativos (mediante vulneración o interpretación arbitraria o irracional de una norma).
En este caso, "el reproche de expoliación se dirige contra un instrumento de planeamiento que ha sido objeto de una tramitación compleja y en cuya formulación han intervenido las administraciones Local y Autonómica, en el ejercicio de sus respectivas competencias".
El resultado de todo ello, precisa, es un plan especial de protección "cuyas determinaciones, se compartan o no, no pueden ser tachadas de irracionales o arbitrarias", y por lo tanto "no tiene encaje" en el concepto de expoliación "por amplio que sea el sentido que quiera darse a este término".
Respecto a la posibilidad de que el PEPRI se basara en informes profesionales inadecuados, el Supremo recuerda que "ninguna norma exige una titulación específica para la emisión" de los estudios recabados durante la tramitación del procedimiento.
En este sentido, destaca además que la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano "no exige" que un técnico o un funcionario determinado del Ayuntamiento emita informe un previo a la aprobación provisional del Plan Especial.
Los recurrentes alegaron también que el PEPRI no estaba "debidamente motivado" al no dispensar protección a todos los inmuebles comprendidos en el ámbito del conjunto histórico.
Al respecto, el Supremo recuerda que la declaración de Bien de Interés Cultural es anterior al plan, y que es precisamente esta actuación la que debe concretar el catálogo de bienes que deben ser protegidos.
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