San José.- Pese a que Costa Rica abolió la pena de muerte en 1882, un 54 por ciento de sus ciudadanos se manifiesta a favor de que se reinstale esa acción con el fin de combatir la inseguridad, según una encuesta publicada hoy.
Entre los resultados se destaca que el 92 por ciento de los entrevistados dijo que las leyes contra los delincuentes deben ser más drásticas, y el 54 por ciento apoya que en el país se instale la pena capital.
El estudio de la firma Unimer para el diario La Nación, señala que los costarricenses están dispuestos a tomar la ley en sus manos y piden a las autoridades establecer una legislación más drástica contra el hampa.
Entre los resultados se destaca que el 92 por ciento de los entrevistados dijo que las leyes contra los delincuentes deben ser más drásticas, y el 54 por ciento apoya que en el país se instale la pena capital.
Costa Rica, reconocido internacionalmente como un país pacífico, fue uno de los primeros países del mundo que abolió la pena de muerte, lo hizo en 1882, así como su ejército, en 1948.
El sondeo también indica que el 85 por ciento de los costarricenses considera necesario que las autoridades revelen las identidades de los delincuentes, mientras el 51 por ciento dice que de presentarse la oportunidad es mejor linchar al criminal.
La encuesta se llevó a cabo con entrevistas a 1.220 personas entre el 8 y el 15 de marzo pasado, y tiene un margen de error del 2,8 por ciento.
Según estadísticas del Poder Judicial, mientras que en el 2006 se registraron 15.574 robos a viviendas y locales comerciales, el año pasado la cifra pasó a 16.950 casos.
En el 2007 fueron robados 904 vehículos con violencia, es decir, sacando del automóvil a conductores y acompañantes; en el 2006 se recibieron 860 denuncias por este delito.
Los asaltos a personas en la calle pasaron de 7.704 en el 2006 a 8.620 el año anterior, mientras que los homicidios, solo en el primer semestre del 2007 llegaron a 180, 27 más que en el mismo periodo del 2006.
Del total del presupuesto, 21,5 millones se destinarán al Poder Judicial con el fin de crear tribunales especiales que trabajen las 24 horas los siete días de la semana y la apertura de plazas para 66 jueces, 152 fiscales y 50 defensores públicos.
Como una de las acciones para combatir la ola criminal, el Gobierno envió este mes al Congreso un presupuesto extraordinario de 28 millones de dólares para reforzar el Poder Judicial y los ministerios de Justicia y Seguridad.
Con el dinero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrirá 559 plazas para investigadores, peritos, auxiliares y trabajadores de laboratorio y se comprarán equipos y vehículos de vigilancia.
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