El juez Torres asegura que el "Estado está retrasado y perdiendo lucha contra la corrupción"

Salamanca.-  El titular del juzgado de lo penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, instructor del Caso Malaya, ha aseverado hoy en Salamanca que "el Estado está cada vez más retrasado y perdiendo la lucha contra la corrupción", una situación que ha atribuido a "la carencia de medios".

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(EFE)

El magistrado Miguel Ángel Torres (c), juez instructor del caso Malaya, a su llegada hoy a la última jornada del Congreso de Derecho Penal de Salamanca, dedicada a la corrupción y a la Justicia Penal Internacional.

El que fuera juez instructor del caso Malaya ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda sobre "Corrupción. La gran amenaza al Estado Democrático" dentro del XX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal que hoy se clausura en Salamanca y en la que también han participado los catedráticos de Derecho Penal de las universidades de La Coruña y de Huelva, Carlos Martínez-Buján y Juan Carlos Ferré, respectivamente.

Torres ha advertido de que en España "se ve la corrupción como algo normal y en algunos casos, como defraudar a Hacienda, está bien vista".

A esta situación contribuyen, a su juicio, la falta de unidades policiales y juzgados especializados y a que "no todo el mundo está dispuesto a luchar contra la corrupción".

El juez ha abogado por "aumentar los medios para conseguir pruebas", al tiempo que ha reclamado la "regulación de las intervenciones telefónicas" y la mejora en "la obtención de información de la Agencia Tributaria y de las entidades bancarias".

Además, se ha mostrado partidario de "modificar los tipos penales" y de que "se avance en la devolución de los bienes sustraídos más que en las penas".

Torres ha lamentado que los jueces tengan cada vez "menos autoridad" y ha criticado que en los medios de comunicación "aparezca la versión de los abogados de los implicados" en los casos de corrupción, algo que, según ha dicho, no sucede con los jueces, fiscales y policías, "porque no hablamos de estos temas".

El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de La Coruña Carlos Martínez-Buján ha señalado que con el Código Penal "no se consigue prácticamente nada" para hacer frente a la corrupción, ya que, en su opinión, "hay que ir a las causas y a la raíz del conflicto".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por lo que ha denominado "corrupción legal entre comillas" y que, según ha señalado es aquella que "está permitida y no está sancionada por el Código Penal".

Así, ha abogado por hacer "una reforma integral y global", y por desarrollar "medidas de política social general y jurídico-administrativas".

Entre ellas, ha destacado nuevas leyes de "financiación de los partidos políticos y de los municipios", ya que, según ha expresado, "la corrupción anida en el urbanismo, en la contratación pública y en la financiación de los partidos políticos".

A preguntas de los periodistas, el catedrático ha señalado que "gracias" a casos como el de la 'operación Malaya' "estamos dando pasos hacia adelante", si bien, el problema está, a su juicio, en "transmitir a la opinión pública los defectos altamente perjudiciales de la corrupción en general para la propia pervivencia del sistema democrático".

En este sentido, ha llamado la atención sobre las recalificaciones de suelo, cambios que, según ha aseverado, "están amparados por decisiones públicas" y se ha preguntado "cómo con un papel surgen enormes beneficios privados", una situación, ha concluido que "no existe en otros países de nuestro entorno".

Por otro lado, el catedrático de Derecho de la Universidad de Huelva Juan Carlos Ferré se ha mostrado partidario de "no reformar el Código Penal" porque "está funcionando bastante bien, aunque algún matiz se pueda corregir", ya que, en su opinión, "cada vez que se toca es para destrozarlo".