Ministros debatirán sobre pesca ilegal, acuerdo con Mauritania y atún rojo

Bruselas.-  Los ministros de la Unión Europea (UE) debatirán mañana en Luxemburgo sobre medidas contra la pesca ilegal, el acuerdo con Mauritania -el más importante para la flota europea- y los planes de recuperación del atún rojo.

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(EFE)

Los ministros de la Unión Europea (UE) debatirán mañana en Luxemburgo sobre medidas contra la pesca ilegal, el acuerdo con Mauritania -el más importante para la flota europea- y los planes de recuperación del atún rojo.

El Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE de este mes tratará sobre todo asuntos pesqueros y no aprobará grandes decisiones.

Asistirán el secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, el secretario general de Pesca, Juan Carlos Martín Fragueiro, así como el viceconsejero de Pesca canario, Víctor Jordán, ya que Canarias representa a las comunidades autónomas este semestre en el Consejo e la UE.

Los ministros discutirán acerca de la propuesta de Bruselas para luchar contra la entrada y comercialización en la UE de productos pesqueros capturados ilegalmente.

Este proyecto, de mucho interés para España, tiene como objetivo recopilar y completar actuaciones contra la pesca ilegal en caladeros como las aguas del Atlántico norte (gestionadas por la NAFO) o del Atlántico nordeste.

Además, la normativa pretende unificar y reforzar los controles para que no entren ilegalmente barcos o productos en zona comunitaria aprovechando que las reglas son más flexibles en algunos puertos.

Entre las medidas destaca la idea de exigir un certificado a aquellos barcos que descargan en la UE o a los países suministradores, para acreditar que el pescado o marisco ha sido obtenido legalmente.

Esta acreditación deberá estar avalada por el Estado de donde sea el pabellón del buque que ha pescado.

La propuesta prevé un sistema de alerta comunitario para evitar la llegada a la UE de barcos que practican pesca pirata o importaciones ilegales; otra medida es la creación de una especie de lista negra o relación de países terceros que no cooperan con los controles europeos de la pesca.

La presidencia eslovena de turno de la UE ha pedido a los países que se posicionen sobre si los navíos europeos deberían estar sometidos a las mismas exigencias de certificados que los que plantea Bruselas.

Muchos países, como España, opinan que los buques comunitarios ya están controlados por otras normas y que en esta regulación deben tener un trato diferenciado, según fuentes diplomáticas.

Sin embargo, la Comisión alega que "es difícil cuadrar" esta distinción, porque cabría el riesgo de si así fuera los países no comunitarios denunciaran ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la UE por discriminación.

Otro aspecto polémico es la idea de Bruselas de establecer sanciones económicas que podrían oscilar entre los 300.000 y 500.000 euros a los pescadores o empresas que practiquen la pesca ilegal.

El Reino Unido e Irlanda tienen problemas en aceptar esto porque debido a su régimen jurídico, las sanciones no se tramitarían por la vía administrativa, sino penal y tales países "no quieren interferencias en su Derecho penal nacional".

Por otro lado, el comisario europeo de Pesca, Joe Borg, informará a los Veintisiete sobre el nuevo acuerdo suscrito con Mauritania en marzo, que reduce las licencias para ajustarlas a los barcos europeos que en realidad faenan en ese caladero y también rebaja la compensación financiera que la UE paga al país africano.

El convenio actual ofrece permisos para 200 barcos de la UE, la mayoría españoles, pero en el nuevo acuerdo se reduce esta cifra, sobre todo para especies pelágicas industriales y cefalopoderos (pulpo y calamar).

La CE no ha presentado aún la propuesta de distribución de licencias en el nuevo acuerdo.

En la práctica, para España la rebaja de licencias puede afectar a los cefalopoderos pero "no será traumática, porque no estaba usando el cien por cien de sus posibilidades", según fuentes diplomáticas.