Valencia.- Los casos de violencia sobre la mujer registrados judicialmente aumentaron un 19,99 por ciento en la provincia de Valencia y un 4,98 por ciento en la de Alicante durante el pasado año, mientras que en Castellón se produjo un descenso del 2,23 por ciento.
Los casos de violencia sobre la mujer registrados judicialmente aumentaron un 19,99 por ciento en la provincia de Valencia y un 4,98 por ciento en la de Alicante durante el pasado año, mientras que en Castellón se produjo un descenso del 2,23 por ciento.
Así lo expone la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hecha pública hoy por su presidente, Juan Luis de la Rúa, quien ha reiterado su propuesta de crear juzgados exclusivos de ámbito comarcal como solución a este "lacerante problema" de convivencia social.
Según indica este informe, teniendo en cuenta el conjunto de diligencias urgentes, sumarios, diligencias previas, juicios de faltas, procedimientos por jurado y juicios rápidos, los juzgados de la provincia de Valencia registraron un total de 10.681 asuntos en 2007 frente los 8.901 de 2006.
Asimismo, los de la provincia de Alicante ingresaron 6.700 asuntos (6.382 en 2006), y los de la de Castellón 1.791 (1.832 en 2006).
Respecto al número de asuntos resueltos, la memoria destaca la "encomiable actuación judicial", ya que en las tres provincias se logrado dar salida a un número superior al de entrada.
De esta forma, en la provincia de Valencia se resolvieron 11.665 asuntos, en la de Alicante 7.390 y en la de Castellón 1.974, lo que evidencia, según de la Rúa, la "agilidad" con la que se han tramitado, fruto de "la sensibilidad que muestra el colectivo judicial ante esta problemática".
No obstante, salvo en los órganos con competencia exclusiva, el presidente del TSJCV considera que la compatibilización de esta materia con el resto de asuntos ordinarios está teniendo una "incidencia negativa" en los juzgados mixtos.
La puesta en marcha de tipo de proceso, explica, exigen una serie de medidas "que exceden de las situaciones normales" y conllevan una mayor complejidad de tramitación.
Los responsables de los juzgados mixtos tienen "enormes dificultades" para reunir a todos los profesionales que deben intervenir en estas causas, ya que no cuentan con un fiscal específico, que al igual que forenses y abogados de oficio, atienden a varios partidos judiciales y a guardias ordinarias.
Esta situación se convierte en un "peregrinar" para lograr la conjunción de los mismos, "con largas esperas, a veces en espacios reducidos, de detenidos o imputados y perjudicados".
La dificultad de compatibilizar estos asuntos con el resto provoca "continuas suspensiones", especialmente en los procedimientos civiles, y genera un "desgaste personal estresante" de jueces y funcionarios, que tienden "hacia una huida".
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