Procesan a oficiales de la Marina chilena por la muerte de un cura en el buque escuela Esmeralda

Santiago de Chile.-  La Justicia chilena procesó hoy y ordenó la detención de seis oficiales retirados de la Marina por torturas y secuestro calificado, en 1973, de varios presos políticos en el buque escuela Esmeralda, entre ellos el sacerdote británico Miguel Woodward, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la jueza Eliana Quezada, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue recibida con expectación por los familiares de las víctimas ya que es la primera vez que la Justicia procesa a altos oficiales de la Marina.

Los procesados son los almirantes Sergio Barros Vonkretschman y Guillermo Aldoney Hansen; los vicealmirantes Adolfo Walbaum Weber y Juan McKay, el capitán de navío de la Infantería de Marina y miembro de la Dirección Nacional de la Inteligencia Nacional (DINA) Ricardo Riesco Cornejo y el teniente de Sanidad de la Marina Carlos Costa, todos ellos retirados.

Los capturados están sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Marina, responsables de la represión en Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago.

Según fuentes judiciales, Aldoney, Riesco y McKay se encuentran detenidos en un cuartel de la Infantería de Marina en Viña del Mar, a 128 kilómetros al oeste de Santiago, mientras Barros y Walbaum están con arresto domiciliario debido a su avanzada edad y Costa, "ingresó" a un centro hospitalario.

La detención de los oficiales ha sido recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que consideran es el primer gran golpe que se da a la Armada en materia de violaciones a los derechos humanos en un caso emblemático para la región de Valparaíso.

La víctima más emblemática de la causa es el sacerdote Woodward, de 42 años, que trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, y quien fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en los barrios pobres de Valparaíso.

Según testimonios de otros prisioneros, Woodward estuvo también detenido en el barco carguero Lebu, desde donde fue trasladado al Hospital Naval por sus malas condiciones de salud tras las torturas, lugar donde se le perdió la pista el 22 de septiembre de ese año.

El caso permaneció sin ser investigado hasta 2002, cuando su hermana, Patricia Woodward, presentó una querella contra los responsables, incluidos oficiales de la Marina que estaban al mando de las tropas que controlaban Valparaíso después del golpe militar.

Durante la investigación judicial, la jueza Quezada recibió en noviembre pasado amenazas de muerte vía telefónica, por lo que debió recibir protección policial.

En Santiago, el portavoz de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió a las amenazas contra la jueza Quezada y aseguró que todos los jueces están protegidos ante estos hechos.

"Los jueces chilenos tienen la plena seguridad de que van a ser apoyados en todo momento si han tenido dificultades de presiones, las que no van a ser nunca aceptadas por la Corte Suprema", recalcó el magistrado.

"Estamos muy claros de que todos los jueces tienen la suficiente independencia y seguridad de poder hacer la investigación de acuerdo con su diseño", añadió.

La oficina en Chile de Amnistía Internacional saludó la decisión de la jueza en un comunicado, en el que señala que "la Armada de Chile y la sociedad no deben ver en la persistencia de las familias de las víctimas o de las organizaciones de derechos humanos un ánimo de revancha".

Agrega que con el procesamiento de los seis oficiales se ha "marcado un precedente en el avance de la justicia en materia de los delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales aún permanecen impunes" y afirma que la decisión de la jueza "es un precedente en la búsqueda de la verdad y la justicia".

En tanto, Patricia Woodward se manifestó hoy muy contenta con la noticia de que en el caso de su hermano Miguel se haya dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le provocaron en 1973.

"Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", aseveró.