Denuncia de infiltración "para" en entes estatales agudiza la crisis política en Colombia

Bogotá.-  La crisis política en Colombia por el llamado escándalo de la "parapolítica" se agudizó hoy con la denuncia de un ex funcionario del organismo de inteligencia estatal de que decenas de entidades e instituciones militares fueron infiltradas por el paramilitarismo.

Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señaló entre las entidades presuntamente infiltradas a los Ministerios del Interior, Transporte, Comunicaciones y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría, la Registraduría y la Superintendencia de Vigilancia.

Además, citó al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Industria Militar (Indumil), la Armada Nacional y el DAS.

García hizo la revelación en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en la que acusó, con nombre propio, a la ex ministra del Medio Ambiente Sandra Suárez, de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Asimismo, acusó a Ángel Maya, hermano del actual procurador general, Edgardo Maya, de favorecimiento y presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares.

Desde el inicio de esta semana, la "parapolítica" ha sido el centro del debate en el país, ya que la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) abrió investigación preliminar, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, a cinco congresistas más.

La lista la encabeza la presidenta del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez; a quien hoy la CSJ le abrió proceso, quien en unas primeras declaraciones dijo que la resolución del alto tribunal "es una decisión apenas normal después de tanto rumor".

Sin embargo, afirmó que no entiende "por dónde pueda existir algún grado de inquietud" en relación con su trayectoria política.

La Corte precisó que la investigación previa tiene como "objetivo evaluar algunas informaciones o señalamientos que se han hecho sobre la posible relación de la senadora con grupos armados al margen de la ley".

El Supremo informó de la decisión un día después de que la ex parlamentaria Rocío Arias, actualmente detenida y cercana a las AUC, asegurara que la presidenta del Congreso tuvo apoyos de los paramilitares para su elección como legisladora.

La acusación fue confirmada por "El Pájaro", alias de Jonh Freddy Gallo, ex jefe paramilitar en Cundinamarca, departamento del que Bogotá también es capital y en el que la senadora Gutiérrez realiza su actividad política.

Otros congresistas que fueron vinculados esta semana son: los senadores Carlos García Orjuela, ex presidente del Legislativo y líder del Partido de Unidad Nacional (de la U) afín al presidente Álvaro Uribe; Eduardo Enríquez Maya, senador; y los representantes a la cámara baja, Javier Ramiro Devia y Myriam Paredes, todos del Partido Conservador.

Dentro del proceso de investigación de los nexos de políticos con las AUC, hasta el momento, han sido detenidos 31 parlamentarios, mientras una treintena más son investigados.

Ante esa situación, el presidente Uribe dejó entrever su preocupación porque cada día crece la lista de congresistas vinculados a la causa judicial de la "parapolítica" y confió, que pese al escándalo, se preserve la "solidez institucional" del país.

"Mi llamado es a no abrirle puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional", dijo el mandatario.

En ese sentido, la CSJ le respondió al presidente que sus decisiones "son absolutamente independientes y sometidas únicamente al imperio de la ley".

Por si fuera poco, este jueves, el Gobierno anunció que "congeló" la entrega de unas 48.000 hectáreas de tierras confiscadas a narcotraficantes o entregadas por desmovilizados de las AUC, para reparar a sus víctimas.

Según el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, algunos de los beneficiarios de tierras las han vendido a bajo precio a quienes les han sido confiscadas.

Fernando Soto, un abogado y portavoz de los jefes de las AUC, conminó hoy al ministro Arias a que precise la denuncia y revele a cuáles paramilitares les han sido devueltos los predios.

Cifras del Gobierno colombiano indicaron que se han entregado de 170.000 hectáreas a desplazados, desmovilizados y campesinos sin tierra, y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE, estatal) tiene no menos de 300.000 hectáreas en su poder.

La Ley de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización, dispone que los paramilitares deben, además de confesar sus crímenes, entregar bienes, en la mayoría de los casos robados, para reparar a las víctimas.

Mientras están "congeladas" las entregas, el Gobierno dijo que analiza la manera de reparar a las víctimas.

Por otro lado, la organización no gubernamental, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunció, este jueves, que el nuevo grupo paramilitar "Las Águilas Negras" puso en marcha en el noroeste del país una campaña de reclutamiento que incluye desmovilizados de la disuelta AUC.

Unos 40 jóvenes, entre ellos antiguos miembros de las AUC, han sido reclutados en Riosucio, población del departamento del Chocó, frontera oeste con Panamá, según la ONG.

La misma fuente dijo que "Las Águilas Negras" tienen como jefe a "Don Mario", alias de Daniel Rendón, antiguo mando medio del Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC), que se desarticuló dentro del proceso de paz del Gobierno.