Gordon Brown, ante una nueva batalla legal por sus leyes antiterroristas

Londres.-  El primer ministro británico, Gordon Brown, se enfrenta a una nueva batalla legal en torno a sus leyes antiterroristas cuando el Alto Tribunal le deniegue esta misma semana, según se espera, la facultad de congelar las cuentas bancarias de un sospechoso.

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(EFE)

El primer ministro británico Gordon Brown.

Cinco individuos que niegan tener relación alguna con el terrorismo y carecen de historial delictivo han puesto en tela de juicio el poder del Gobierno de congelar sus activos y controlar sus gastos corrientes, informa hoy el diario "The Times".

El Alto Tribunal británico debe pronunciarse este jueves sobre esa disputa legal y si el Gobierno pierde la batalla, señala el diario, estudiará la posibilidad de modificar la actual ley antiterrorista para incluir una cláusula que le permita confiscar activos de sospechosos de ese tipo de actividades.

El veredicto de este jueves puede exacerbar las tensiones entre el Gobierno y los jueces después de que la semana pasada el Alto Tribunal dictaminara contra la deportación a Jordania del clérigo extremista Abu Qatada porque podría ser sometido a torturas en ese país.

La legislación antiterrorista es ya objeto de fuerte polémica por el proyecto del Gobierno laborista de extender de 28 a 42 días el tiempo de detención sin cargos de un sospechoso de terrorismo, al que existe fuerte oposición parlamentaria.

El poder de designar a una persona sospechosa de terrorismo y confiscar sus activos fue introducido sin debate parlamentario previo por Gordon Brown cuando era ministro de Economía.

Según The Times, ese ministerio ha elaborado dos listas de sospechosos, que se cree que son setenta en total, y ha congelado cuentas bancarias por un total aproximado de medio millón de libras (630.000 euros).

El juez Lawrence Collins, de ese Alto Tribunal, calificó este mes durante una audiencia algunos elementos de esas sanciones como "injustos y desproporcionados" y criticó, por ejemplo, que se obligue a los sospechosos a solicitar autorización del propio ministerio de Economía para obtener asesoramiento legal sobre su consideración como sospechosos.

El juez dijo que era "totalmente inaceptable" que un sospechoso tenga que obtener una licencia del Ejecutivo, es decir del propio organismo que le impone las sanciones.

El recurso contra las sanciones ha sido presentado por cinco individuos identificados sólo por iniciales y a quienes se les notificó que habían sido designados como sospechosos mediante cartas de contenido idéntico.

Las cartas rezaban así: "El Tesoro tiene razones de peso para sospechar que usted es o puede ser una persona que facilita la comisión de actos de terrorismo. Debido a la naturaleza sensitiva de las informaciones sobre cuya base se tomó esta decisión, no podemos darle más detalles".

Los funcionarios del Tesoro vigilan cuidadosamente todos los gastos diarios de los sospechosos, incluso las facturas del supermercado, y deciden si se les permite o no aceptar regalos.

Cualquier persona sospechosa de haber dado a un sospechoso "un recurso económico" puede ser acusada y se expone a siete años de cárcel.

Los abogados de los cinco sospechosos que han presentado el recurso afirman que es anticonstitucional que el Gobierno congele activos mediante órdenes del Ejecutivo en lugar de a través de legislación parlamentaria, dice "The Times".