Vitoria.- La Diputación de Álava ha valorado en un año el grado de dependencia de 6.488 personas, el 81,2 por ciento del total de las solicitudes recibidas hasta hoy (7.987) para acogerse a los beneficios de la Ley que regula estas prestaciones.
La diputada foral de Política Social, Covadonga Solaguren (d), y la directora de Política Social y Servicios Sociales de su Departamento, Amparo Maiztegi (i), durante le rueda de prensa en la que han presentado hoy en Vitoria el balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en el territorio.
La Ley de Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 y en el País Vasco son las diputaciones, que tienen competencias en Servicios Sociales, las encargadas de tramitar y valorar las solicitudes de las personas dependientes para conocer el nivel de discapacidad.
La diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, y la directora de este Departamento, Amparo Matiztegi, han presentado en rueda de prensa el balance de la aplicación de la Ley desde el 25 de abril de 2007, cuando se abrió el plazo, pero con los datos de las solicitudes recibidas hasta el pasado 31 de marzo.
Así, hasta esa fecha se valoraron el 75% de las peticiones registradas, es decir, 5.678 casos, es decir, una media de 473 valoraciones al mes.
Casi el 60% de las personas valoradas (3.281) superan los 80 años y de los 5.678 casos, 473 ciudadanos fallecieron durante la tramitación del expediente y antes de que se les pudiera elaborar el plan individual de atención.
De las 5.205 valoraciones activas, la mitad han obtenido el grado tres, el nivel de mayor dependencia, mientras que el 29,2% se encuentran en el grado 2, para dependientes moderados y los leves son el 20,2%.
Hasta el 31 de marzo fueron 1.653 personas las que han conseguido distintos recursos, ya sean plazas residenciales, centros de día o servicios de ayuda a domicilio, mientras que otras 1.887 optaron por las prestaciones económicas vinculadas al servicio o para cuidados en el entorno familiar.
La diputada ha destacado el esfuerzo realizado por la Diputación para desarrollar esta ley, proceso que en otras comunidades autónomas va más lento. Para ello, la institución foral ha doblado el personal del Instituto Foral de Bienestar Social que se ocupa de estos expedientes.
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