Montevideo.- Organizaciones sociales y sindicales uruguayas han reunido más de 100.000 firmas a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, que dejó sin enjuiciar muchos crímenes cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985), indicaron hoy los organizadores de la iniciativa.
Vista de una marcha convocada por la organización de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar. Organizaciones sociales y sindicales uruguayas han reunido más de 100.000 firmas a favor de la anulación de la Ley de Caducidad.
La recolección de firmas fue iniciada el 4 de septiembre pasado por la principal central sindical de Uruguay, el PIT-CNT (Plenario Intersindical y Convención Nacional de Trabajadores), con el apoyo de otros grupos de izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En declaraciones al diario digital "Observa", el encargado de Derechos Humanos del Secretariado del Pit-Cnt, Luis Puig, explicó que este fin de semana se hizo un especial esfuerzo, que ha permitido superar "ampliamente" las expectativas.
La meta, dijo Puig, es llegar al 10 por ciento del electorado, unas 250.000 personas, antes de que el 30 de abril de 2009 concluya el plazo constitucional marcado para esa recolección.
"Estamos a un año y ya tenemos la mitad del camino recorrido. La gente demostró que el tema le interesa y que no está cerrado", dijo Puig.
Una vez alcanzado ese 10 por ciento, se podría convocar un referendo para derogar la Ley de Caducidad.
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, los delitos cometidos fuera de Uruguay, como el traslado clandestino de detenidos, quedan fuera del alcance de la ley, según la interpretación del Gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez, el primero que abrió la puerta a los juicios contra los militares.
En el congreso nacional celebrado en diciembre por el Frente Amplio, la coalición política en el poder en Uruguay, se dejó "libertad de acción" a sus militantes para apoyar o rechazar la derogación de la norma, que se conoce entre sus detractores como "ley de impunidad".
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