Demandan a México ante la OEA por el caso de San Salvador Atenco

Washington.-  Activistas defensores de derechos humanos presentaron hoy una demanda contra México ante la OEA para exigir justicia en el caso de once mujeres que presuntamente fueron torturadas y violadas en mayo de 2006 a manos de la policía en ese país.

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(EFE)

Fachada del edificio que ocupa la Organización de Estados Americanos en la capital de Estados Unidos. Activistas defensores de derechos humanos presentaron hoy una demanda contra México ante la OEA para exigir justicia en el caso de once mujeres que presuntamente fueron torturadas y violadas en mayo de 2006.

Durante una rueda de prensa, los activistas explicaron que presentaron hoy formalmente la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por falta de "resultados visibles" en la investigación y administración de justicia en el caso.

La demanda consta de 123 páginas y 20 anexos, en las que describen los hechos y denuncian la "tortura y violencia sexual" contra las detenidas.

Con la denuncia ante el órgano independiente de la OEA, los activistas exigen que el Estado mexicano realice una investigación expedita de los hechos, castigue a los responsables y haga una reparación de los daños causados a las once víctimas.

"Es muy preocupante para nosotros que a dos años de haber sucedido estos hechos no existan resultados visibles y las víctimas continúen en espera de la atención y el apoyo garantizados supuestamente por la Constitución mexicana", dijo Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Las víctimas fueron abusadas y tratadas como "botín de guerra" y el Estado mexicano debe responder por la violación de sus derechos a la integridad física, la seguridad personal, la privacidad y el acceso a la justicia, señaló Arriaga.

"Buscamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declare que el Estado mexicano violó sus derechos (de las mujeres) y recomiende al Estado una investigación seria, imparcial y eficaz", enfatizó.

Se trata del sonado caso de San Salvador Atenco en el Estado de México, que ya ha sido denunciado por diversas organizaciones mundiales, e incluso Naciones Unidas exigió esclarecer los actos de violencia.

El 3 y 4 de mayo, pobladores de San Salvador Atenco, vecino a la capital mexicana, se enfrentaron armados con machetes y bombas molotov a la policía en protesta por el desalojo de vendedores callejeros, con un saldo de un muerto y más de medio centenar de heridos.

En el segundo día de choques, más de un millar de policías detuvo a más de 200 personas de San Salvador Atenco, muchas de las cuales denunciaron el exceso de violencia y varias mujeres aseguran haber sido objeto de abusos sexuales.

Bárbara Méndez, una de las detenidas, dijo que viajó a Washington para hablar de las violaciones pero también para denunciar que en ese operativo policial "hubo más de 200 personas detenidas ilegalmente, dos jóvenes fueron asesinados y ha habido una serie de violaciones sistemáticas de nuestros derechos humanos".

"El silencio no es una alternativa para nosotros. Es necesario seguir denunciando los hechos que nos sucedieron", subrayó.

En ese sentido, recordó que Patricia Romero, otra de las detenidas, continúa recluida en un penal en México, sin dar su testimonio y sin recibir tratamiento psicológico.

Entre las detenidas figuran dos ciudadanas españolas que ya han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional en su país el pasado 25 de enero.

Con la denuncia también se busca "evidenciar las falencias en la administración de justicia e impulsar reformas", por ejemplo, en la tipificación de delitos, explicó Francisco Quintana, director asociado en Washington del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por otra parte, los activistas criticaron la Iniciativa Mérida porque consideran que, lejos de mejorar la seguridad pública y garantizar el respeto a los derechos humanos, podría propiciar políticas encaminadas a violar esos derechos.

La Iniciativa, pendiente de ratificación en el Congreso, es una propuesta de 1.400 millones de dólares con la que Washington quiere ayudar a México y Centroamérica a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en los próximos tres años.

Bryna Subherwal, de Amnistía Internacional (AI), explicó que su organización ha puesto en marcha una campaña con el fin de que los líderes del Congreso envíen una carta al Gobierno de México y al procurador Eduardo Medina Mora exigiendo una acción contundente en el caso.

AI también hace cabildeo ante el Congreso para que la Iniciativa Mérida incluya mecanismos para el "monitoreo de los derechos humanos" en México, dijo la activista.