Santa Cruz, ¿Autonomía legítima o intento de secesión?

La Paz.-  La región boliviana de Santa Cruz acudirá el 4 de mayo a un referendo sobre la ratificación de su estatuto de autonomía, un legítimo hito histórico para sus impulsores que el Gobierno y sus partidarios consideran como un intento de secesión promovido por grupos económicos.

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La aspiración autonomista forma parte de Santa Cruz "desde siempre", según dijo a Efe el abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda, uno de los ideólogos del Estatuto cruceño, quien sitúa el origen de este movimiento en la escasa participación que la región tuvo en la fundación de la República de Bolivia: apenas un diez por ciento.

Sin embargo, desde el oficialismo se sostiene que se trata de un movimiento secesionista impulsado por poderosas logias económicas y conservadoras que pretenden una "república de facto" en la región más rica del país mediante un costoso sondeo de opinión, porque consideran que la consulta es ilegal.

Según encuestas publicadas por varios medios en los últimos días, el 75 por ciento de los cruceños votará "sí" al estatuto con el que Santa Cruz lidera los movimientos autonomistas de Bolivia y que, para el Ejecutivo que preside Evo Morales, amenazan la integridad territorial boliviana.

Situada en el este del país, Santa Cruz es una región tropical a sólo 400 metros sobre el nivel del mar, lo que contradice el calificativo de andino que se suele aplicar genéricamente para definir a Bolivia, cuando la cordillera de los Andes recorre poco más de un tercio de su territorio.

El departamento abarca una superficie de más 370.000 kilómetros cuadrados, casi equivalente al territorio de Japón y cercana a los poco más de 400.000 de Paraguay, país con el que limita en el sureste.

Cuenta con importantes recursos minerales, como el yacimiento de hierro del Mutún, una mina gigante situada cerca de la frontera con Brasil, y algunos centros de explotación de hidrocarburos (produjo más de 2.000.000 de barriles de petróleo en 2006).

No obstante, la principal actividad económica de Santa Cruz es la agropecuaria (16 por ciento), seguida de la industria manufacturera (13 por ciento).

Sus cerca de dos millones y medio de habitantes son casi un cuarto de la población boliviana y su Producto Interior Bruto representa aproximadamente una tercera parte del nacional, con una media de 1.300 dólares por habitante en el año 2006.

La capital, Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad más próspera de Bolivia, lo que en el país con menos recursos de Sudamérica significa que "tan sólo" un tercio de su población vive en la pobreza y no hasta dos tercios, como las cifras oficiales aseguran que ocurre en el resto del Estado.

En este departamento, donde según el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, "la pobreza tiene color de piel", también un tercio de sus habitantes son indígenas, una proporción menor que en el resto del país donde los "originarios" suponen casi el 50 por ciento de la población.

La historia reciente del autonomismo cruceño tiene su hito central en el referendo de julio de 2006, celebrado en todo el país, cuando en este departamento ganó el "sí" a la autonomía, con un amplio respaldo del 73 por ciento.

Las otras tres regiones de la llamada "media luna", término que define al territorio que conforman Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, también apoyaron su proceso autonómico, lo que no ocurrió en los demás departamentos: La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí.

Ese mismo día, se celebraron paralelamente las elecciones a la Asamblea Constituyente, en la que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, logró más de la mitad de los votos.

El proyecto aprobado, a fines de noviembre pasado, por la mayoría oficialista de esa Constituyente, sin apenas participación de la oposición en la controvertida recta final de sus reuniones, está estancado y pendiente de la celebración de dos referendos para su ratificación.

La "Constitución del MAS", como la denomina la oposición, prevé en su articulado varios niveles de autonomía: departamental, regional, provincial, municipal y la indígena.

Pero este modelo de descentralización administrativa no satisface las aspiraciones de los líderes de la oposición regional, y especialmente a los cruceños, que atribuyen la actual coyuntura precisamente "al fracaso" de la Asamblea Constituyente.

"Es una Constitución racista y además hipócrita, que reconoce las autonomías pero en realidad las quiere destruir", según Urenda.

En su opinión, el MAS "nunca entenderá cuán irresponsables fueron sus funcionarios en la Constituyente al desobedecer el mandato (del referendo por la autonomía de 2006) de manera sumamente displicente".