Denuncian el retraso en la causa al alcalde de Puebla del Río por gastar 6.230 en llamar a su novia

Sevilla.-  Los dos partidos que han denunciado al alcalde de Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez (PSOE), por el presunto gasto de 6.230 euros en llamadas a su novia desde su móvil oficial han denunciado hoy que el caso lleva seis años y medio paralizado, mientras el imputado sigue ocupando su cargo público.

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(EFE)

Los dos partidos que han denunciado al alcalde de Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez (PSOE), por el presunto gasto de 6.230 euros en llamadas a su novia desde su móvil oficial han denunciado que el caso lleva seis años y medio paralizado, mientras el imputado sigue ocupando su cargo público.

Los responsables de IU-LV-CA y del Partido Independiente de La Puebla, que presentaron la denuncia, han dicho a Efe que les parece una "desproporción" el tiempo transcurrido y exigen al juzgado de Coria del Río (Sevilla) que "impulse definitivamente el proceso".

Antonio Garrido, de IU, y José González Arteaga, presidente del Partido Independiente, han destacado que, cuando en diciembre de 2001 presentaron su denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, lo hicieron "con todo tipo de documentos acreditativos".

Después de "cierta rapidez en las diligencias fundamentales en la fase de diligencias previas", el caso sigue, desde marzo de 2004, pendiente de dos nuevas pruebas.

El sumario se tramita como un juicio ante jurado popular contra el alcalde y contra el concejal de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, ocultación de datos y prevaricación.

Según la denuncia, el alcalde gastó 1.036.722 pesetas (6.230 euros) en llamadas y mensajes SMS a su novia desde su móvil oficial entre septiembre de 1999 y febrero de 2001.

Junto al delito de malversación, Álvarez está imputado de ocultación de documentos y prevaricación por negar a la oposición información sobre estos gastos municipales, y el concejal Benítez por falsedad documental, porque presuntamente escaneó y eliminó las llamadas comprometidas de las facturas telefónicas que facilitó a los grupos políticos.

En su declaración como imputado, realizada en noviembre de 2003, el alcalde sostuvo que su móvil oficial y particular eran del mismo modelo y que los usó indistintamente, e incluso apuntó que en ocasiones se lo olvidaba en casa y podría haberlo usado cualquier miembro de su familia.

Además, alegó que al conocerse el caso restituyó a las arcas municipales todos los gastos ocasionados.

Los denunciantes dudas de que "exista justicia en la Justicia española", afirman que "el juzgado ha necesitado dos años y medio para la elaboración de un dictamen pericial" y que el procedimiento "ha estado caso un año pendiente de que la Fiscalía evacuara sus conclusiones provisionales, sin que finalmente lo verificara".

"Desde febrero de 2007, cuando el juzgado emplazó a la acusación particular para formular conclusiones, no le dio traslado de la causa por no haber personal suficiente para fotocopiar los autos, dado su volumen", han añadido los denunciantes.

Mientras tanto, Álvarez "ha permanecido y permanece durante todo este tiempo disfrutando de unos cargos públicos con suculentas pagas y dietas", y el municipio debe costear "los gastos de abogado, procurador, gastos de una fianza y aval bancario, con sus intereses respectivos", afirman Garrido y González Arteaga.