Temen un aumento de los crímenes en Brasil tras la absolución de un hacendado acusado de homicidio

Río de Janeiro.-  La Procuraduría de Brasil manifestó hoy su temor de que el número de crímenes en la Amazonía pueda aumentar como consecuencia de la decisión de un tribunal de absolver en segundo juicio a un hacendado que ya había sido condenado por el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang.

Según la Procuraduría, tras la sentencia que terminó "premiando" la impunidad, es necesario fortalecer las medidas de seguridad en las regiones con conflictos por la tierra en el estado amazónico de Pará para proteger a otros defensores de la reforma agraria que están amenazados.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se unió hoy a las críticas contra el tribunal al asegurar: "esto va contra la imagen de Brasil y una parte de la sociedad empieza a tener dudas sobre el juicio".

Ante periodistas, Lula manifestó su confianza en que "los abogados hagan esfuerzos para ver si los culpables van a ser castigados o no".

El pasado martes, un tribunal del estado amazónico de Pará absolvió al hacendado Vitalmiro Bastos de Moura, quien había sido condenado en primera instancia a 30 años de prisión, por su alegada responsabilidad en el asesinato de la monja Dorothy Stang, férrea defensora de los indígenas, los sin tierra y el ambiente.

La absolución también fue criticada por magistrados del Supremo Tribunal Federal, para los que la decisión puede afectar la credibilidad de la justicia.

Bastos de Moura, conocido como "Bida", fue condenado en mayo del año pasado a 30 años de prisión por haber encomendado y pagado por el asesinato de la misionera estadounidense, ocurrido en febrero del 2005 en una remota región de Pará.

Sin embargo, como la legislación brasileña prevé el beneficio de un segundo juicio a los condenados a más de 20 años de prisión, un nuevo jurado lo declaró inocente por 5 votos contra 2.

"Además de contrariar las pruebas incluidas en el proceso, la decisión, un verdadero premio a la impunidad, es preocupante porque contribuye para el agravamiento de la violencia en el campo", dijo en un comunicado oficial la Procuraduría en Pará.

El organismo consideró que es urgente fortalecer los sistemas de seguridad pública en regiones en las que se registran conflictos por la tierra en Pará.

"En caso de que eso no ocurra, la Procuraduría teme que se hagan concretas las amenazas de muerte a trabajadores rurales, indios, descendientes de esclavos prófugos, pescadores artesanales, defensores de los derechos humanos y religiosos que actúan en el interior de Pará en defensa de las minorías", asegura la nota.

Esta semana, el obispo de la Isla de Marajó, José Luiz Azcona, denunció ante una comisión del Gobierno que hay al menos 300 personas amenazadas de muerte en Pará.

Según el religioso, las amenazas son dirigidas a activistas que defienden la reforma agraria o que han denunciado casos de tráfico de seres humanos, de explotación sexual de menores y de pederastia.

En su comparecencia al Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana en Brasilia, Azcona dijo ser uno de los cuatro obispos católicos amenazados de muerte en Pará.

El hacendado absuelto se benefició de la decisión del pistolero Rayfran das Neves Sales, autor confeso del crimen, de cambiar el testimonio en que le acusaba, algo que la Procuraduría pretende investigar ante la posibilidad de que lo haya hecho por dinero.

El pistolero había declarado en el primer juicio que ejecutó el crimen por orden de Bastos de Moura, quien le había entregado el arma, pero esta semana aseguró que actuó por iniciativa propia.

Das Neves Sales, quien hizo los seis disparos que acabaron con la vida de la religiosa, también tuvo derecho a un segundo juicio y fue condenado ahora a 28 años, uno más que en el primer proceso.