Marbella (Málaga).- El presidente de la federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara, Alejandro Dogan, cree que el pacto alcanzado entre la Fiscalía y los seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) puede suponer "todo un negocio que habría que replantearse".
La Fiscalía cerró ayer un pacto con seis ex concejales del GIL del Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1995 a 1999, entre los que se encuentra Muñoz, para que estos ingresen en prisión a cambio de no que no se celebren los juicios urbanísticos en los que están imputados.
"Si estar dos años en la cárcel supone resolver mi situación económica y la de mis hijos y nietos, habría que ir pensándoselo", ha afirmado hoy en declaraciones a Efe.
El representante vecinal considera que, de esta forma, no se juzgan los procedimientos urbanísticos que hay pendientes y que este hecho supone "un borrón y cuenta nueva" para imputados que han cerrado el citado acuerdo, como el ex alcalde Julián Muñoz.
La Fiscalía cerró ayer un pacto con seis ex concejales del GIL del Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1995 a 1999, entre los que se encuentra Muñoz, para que estos ingresen en prisión a cambio de no que no se celebren los juicios urbanísticos en los que están imputados.
El acuerdo establece una sentencia de un año de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, que en este caso serán tres años.
Además de a Julián Muñoz, el acuerdo, que también incluye una pena de inhabilitación de diez años, afecta a los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá, según las mismas fuentes.
Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, que supera los doce meses en casi todos los casos.
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