Iberdrola pide que sigan las medidas cautelares ante "el asalto" de EDF

Bilbao.-  Iberdrola ha pedido al titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que mantenga las medidas cautelares que obligan a EDF a hacer públicos sus planes respecto a la compañía vasca, ante "el asalto" que planea la empresa francesa para entrar de lleno en el mercado eléctrico español.

En la vista celebrada hoy para resolver sobre el rechazo de EDF a cumplir las medidas cautelares que le obligaban a informar sobre sus planes respecto a Iberdrola, que dictó el titular del juzgado, Edorta Etxarandio, el pasado 25 de marzo, el abogado de la compañía bilbaína ha pedido que se mantengan dichas medidas hasta que se resuelva si EDF ha cometido un presunto delito de competencia desleal.

El abogado de Iberdrola, Mario Fernández, ha asegurado que la compañía EDF, "que es el vehículo del Estado francés" -ya que es el propietario de la mayoría de su capital-, ha evidenciado su actitud "prepotente" al negarse a cumplir el auto judicial que le obligaba a detallar públicamente sus intereses respecto a Iberdrola.

Ha argumentado que la pretensión de EDF es "perjudicar la situación de un competidor suyo" y por tanto, confía en que, al analizar el fondo del asunto. la Justicia considere probado que la francesa ha cometido un delito de competencia desleal en su operación para dominar el mercado eléctrico español.

A su juicio, EDF "ganaría siempre" de los "rumores" en torno a la supuesta operación de compra, tanto en el supuesto de que llegara a adquirir Iberdrola porque la compañía vasca "llegaría a valer menos", como si la operación fracasa, porque habría logrado dañar su imagen y situación en el mercado.

Por ello, ha pedido al juez que exija de nuevo a EDF que aclare sus propósitos para que, entre tanto, Iberdrola no se vea perjudicada y pueda continuar desarrollando su actividad "sin injerencias".

Otro de los letrados de la compañía, José Masaguer, ha incidido en que los rumores en torno a la operación de EDF han afectado a la compañía, hasta el punto de que su presidente tuvo que reunir a más de 600 de sus principales accionistas antes de la Junta general para tratar de "tranquilizarles" ante un supuesto "despiece o reparto" de la eléctrica vasca, del que habían hablado responsables de EDF.

Además, ha afirmado que esas informaciones han podido "endurecer" las condiciones de otras operaciones que Iberdrola tenía proyectadas, "como ha ocurrido" en el caso de la norteamericana Energy East.

Iberdrola ha pedido al juez que la caución o garantía que se le reclama sea "forzosamente moderada", ya que de otra forma se privaría a la empresa de la posibilidad de la tutela judicial efectiva, y que se desestime los más de 200.000 euros demandados por EDF.

Por su parte, el letrado de EDF, Borja Obeso, ha solicitado al juez que alcen las medidas cautelares al considerarlas "improcedentes e injustificadas", ya que el objetivo de Iberdrola al solicitarlas era "obtener información" sobre el proyecto de la francesa, que de otra manera no podría lograr.

Además, ha planteado que si esas medidas no son anuladas, sean sustituidas por una caución o garantía de más de 200.000 euros, cifra 20 veces superior a los 12.000 euros planteados por la eléctrica vasca.

Según ha explicado, si en la dilación del proceso se incrementara el valor de cotización de la empresa vasca y finalmente, se confirmara la operación de EDF, la compra se realizara a un precio mayor del que tenía inicialmente y, por ello, esa garantía debería contribuir a compensar la diferencia.

El auto del 25 de marzo obligaba a EDF a publicar en cinco periódicos (tres españoles y dos extranjeros) anuncios en los que debe especificar si ha iniciado o prepara la adquisición de Iberdrola mediante la compra de acciones o derivados financieros, por sí sola o de manera concertada con terceros, a los que tiene que identificar.

Pero la compañía francesa cree que informar sobre sus planes podría "perjudicaría gravemente" una posible operación de adquisición de Iberdrola y ha argumentado que la normativa sobre OPAS o compra de empresas prohíbe anunciar dichas operaciones hasta que están confirmadas.