El conflicto del campo cumple dos meses y comienza a dividir al oficialismo

Buenos Aires.-  La fuerte protesta agropecuaria en Argentina, que mañana cumplirá dos meses, comenzó a dividir opiniones en el gobernante Partido Justicialista (peronista) y se trasladó al Parlamento, donde la oposición se unió en favor del campo.

Las manifestaciones de agricultores y ganaderos se multiplicaron hoy en once de las 23 provincias argentinas, entre ellas las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que concentran alrededor del 80 por ciento de la producción de lácteos, ganado y granos del país.

El conflicto pasó de los motivos económicos a un pulso político en el que el campo puso un freno a exportaciones de granos valoradas en miles de millones de dólares y el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene una posición intransigente, según analistas y expertos.

Los dirigentes agropecuarios han logrado involucrar en el asunto a gobernadores provinciales, entre ellos varios peronistas o aliados del matrimonio Kirchner, además de recibir el apoyo de alcaldes y diputados oficialistas y a toda la oposición.

"Hay una gran oportunidad de Argentina para vender los alimentos que reclama el mundo sin afectar el consumo interno: esto se soluciona en una semana" si no fuera por la tajante posición del Gobierno, sostuvo hoy el economista argentino Claudio Loser.

Mientras, el líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que "se podría crear un fondo para garantizar una canasta alimentaria básica y el resto exportarlo" en vez de aumentar los impuestos para asegurar el abastecimiento interno e impedir alzas de precios de los alimentos, como apunta la política oficial.

Entre los que critican la dureza de la presidenta y sostienen que responde al mandato de su antecesor, su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), hay quienes matizan que el Gobierno no encuentra una fórmula para dar marcha atrás en su intransigencia.

El vicepresidente argentino, Julio Cobos, subrayó hoy a los periodistas que el Gobierno "ya hizo una autocrítica" al despedir al responsable de la polémica política impositiva, Martín Lousteau, quien renunció como ministro de Economía el 24 de abril pasado.

Cobos insistió en que el Gobierno "tiene que defender el interés de todos los argentinos" y "no ha cerrado la puerta al diálogo", pero reiteró que hace falta que el sector agropecuario levante la huelga como condición para reanudar las negociaciones.

El gobernador de la provincia de Córdoba, el peronista Juan Carlos Schiaretti, ha dicho que hace falta modificar la política de impuestos y se muestra como uno de los más cercanos a la posición del campo, al que de todos modos instó a negociar.

Los dirigentes rurales, que representan a 290.000 productores de todo tamaño, también recibieron cierto respaldo de los gobernadores de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, y de Corrientes, Eduardo Colombi, uno de los aliados del Gobierno de Fernández.

"El camino es la negociación, no el aislamiento ni la confrontación", dijo el gobernador de La Pampa, el peronista Oscar Jorge, a quien se atribuye una gran preocupación por la magnitud y consecuencias del conflicto.

Los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Chaco, Jorge Capitanich, ambos peronistas y cercanos a la presidenta argentina, se han negado hoy a negociar bajo "la presión" de las huelgas del campo, pero delegados de ambos mantienen contactos con dirigentes rurales regionales.

La UCR, la Coalición Cívica, que reúne a socialistas, radicales disidentes e independientes, y la conservadora Propuesta Republicana, celebrarán el martes una "audiencia pública" en el Parlamento a la que acudirán los dirigentes agropecuarios para debatir "una nueva política" para el sector.

Dirigentes de las tres fuerzas opositoras han participado en las protestas del campo y rechazaron el "autoritarismo" del Gobierno, cuya mayoría parlamentaria impulsa el debate de leyes que garanticen la "seguridad alimentaria" y "precios razonables" para la población.