Madrid.- La UCE ha pedido la retirada, por "inconstitucional", del real decreto que modifica la tarifa nocturna eléctrica, ya que lesiona económicamente a 1.100.000 familias que se acogieron en 1994 a esa modalidad promocionada por el Gobierno para el ahorro energético, ha dicho hoy su portavoz, Dacio Alonso.
Dario Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), durante la rueda de prensa en la que exigió al ministro de Industria la paralización inmediata del decreto por el que se incrementará la tarifa nocturna, que califica de "inconstitucional".
Alonso ha añadido que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia de la UCE, en la que solicita la anulación del real decreto del Ministerio de Industria que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
El portavoz de esta organización ha anunciado que "si el Gobierno no paraliza la aplicación de este decreto la UCE llevará a la Administración a los tribunales", y ha añadido que el decreto lo que hace es "alterar las reglas del juego, la confianza legítima en un poder público; esto provoca un daño que hay que reparar en el ámbito de los tribunales".
Dacio Alonso se ha referido a un informe jurídico de la CNE que "está por esta línea", que si los ciudadanos llevasen a la Administración a los tribunales, por vía de un contencioso, reclamando el daño patrimonial que les origina este cambio de reglas del juego, "el propio informe jurídico considera que los jueces le darían la razón".
El portavoz de UCE ha explicado que el decreto de Industria introduce cambios sustanciales en las tarifas eléctricas, entre ellas la desaparición de la tarifa nocturna que obligará a sus usuarios a pagar entre un 25 y un 80 por ciento más caro su consumo, y atenta contra la seguridad jurídica de los usuarios que los llevó a acogerse a la nueva tarifa auspiciada desde la Administración, y en su día también les obligó a hacer inversiones en su instalación eléctrica.
La Unión de Consumidores lamenta la falta de información a los usuarios sobre la puesta en marcha del decreto, tanto del Ministerio de Industria como de las compañías eléctricas, y aconseja "que no comuniquen de forma voluntaria la alteración del contrato" y que no respondan a las cartas que han comenzado a llegar a los afectados para que elijan una de las nuevas modalidades; de ese modo la compañía eléctrica impondrá la nueva tarifa según la potencia que tenga contratada cada consumidor.
Dacio Alonso ha dicho que la UCE pide al ministro de Industria la anulación del decreto que provoca un notable perjuicio económico y situación de indefensión a las familias afectadas, y "la paralización inmediata de este abuso y atropello que sólo beneficia a las compañías eléctricas".
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