HRW pide al Congreso de EE.UU. no apruebe el Tratado de Libre Comercio con Colombia

Nueva York.-  Human Rights Watch (HRW) envió hoy una carta al Congreso de Estados Unidos en la que pide que mantenga en suspenso la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia e imponga condiciones previas sobre el combate de la violencia hacia los sindicalistas y los líderes paramilitares.

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(EFE)

Firmado por los responsables de HRW para América, José Miguel Vivanco, y Washington, Tom Malinowski, el escrito también propone que el Congreso inste al Gobierno de George W. Bush a cumplir su promesa de facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de ambos países.

Firmado por los responsables de HRW para América, José Miguel Vivanco, y Washington, Tom Malinowski, el escrito también propone que el Congreso inste al Gobierno de George W. Bush a cumplir su promesa de facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de ambos países que investigan los delitos de los 14 extraditados la semana pasada.

Los extraditados eran antiguos cabecillas de las ya desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que afrontan penas en Estados Unidos, en su mayoría relacionadas con el narcotráfico.

La carta, que va dirigida a una comisión de la Cámara de Representantes, pide que se siga postergando la ratificación del TLC con Colombia, que "debe celebrarse sobre la base del respeto por los derechos humanos fundamentales y, en especial, de los trabajadores".

"Colombia incumple ese estándar debido al alto nivel de violencia contra sindicalistas, a la impunidad casi absoluta que impera al respecto y al no desmantelamiento de los grupos paramilitares, los principales responsables de tal violencia", asegura el escrito.

Para HRW, el Congreso debe dilatar la aprobación del tratado hasta que el Gobierno colombiano "demuestre resultados concretos, sustanciales y sostenidos durante un período de tiempo razonable en relación con estos graves problemas".

En concreto, pide que el Congreso exija que el Gobierno colombiano asegure "un número sustancial de condenas bien fundamentadas" para los autores de violencia contra sindicalistas.

Además, debe "asegurar justicia en relación con los cómplices de los paramilitares en el sistema político y militar, quienes los financian y los mandos medios que puedan seguir manejando sus organizaciones y amenazando a sindicalistas".

Se le pide además al Congreso que identifique y confisque los bienes ilícitos que los paramilitares hayan escondido por medio de testaferros (no solo aquellos bienes que aparezcan bajo su nombre o los de sus familiares) y que los restituya a sus propietarios o poseedores legítimos.

Por último, HRW propone que se establezcan medidas eficaces para proteger a las víctimas y testigos contra los paramilitares y sus cómplices.

"Consideramos positiva la posibilidad de que algunos de los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos de la historia reciente de Colombia ahora tengan que enfrentarse a penas de prisión significativas por algunos de sus delitos relacionados con el narcotráfico", apunta el escrito.

No obstante, también "nos inquietan las razones que impulsaron al Gobierno colombiano a adoptar esta medida en este momento en particular".

El presidente Álvaro Uribe señaló en su día que decidió extraditarlos porque no estaban cumpliendo con sus obligaciones bajo la Ley de Justicia y Paz.