El Defensor del Pueblo ve "insatisfactorias" las penas contempladas contra el abuso sexual a menores sin violencia

MADRID.-  El Defensor del Pueblo considera que el tratamiento que realiza el Código Penal del abuso sexual contra menores de 13 años o incapaces, en los casos que se produce sin intimidación o violencia, "resulta insatisfactorio" desde el punto de vista punitivo, según consta en la memoria de la institución correspondiente a 2007, a la que tuvo acceso Europa Press.

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EP (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo considera que el tratamiento que realiza el Código Penal del abuso sexual contra menores de 13 años o incapaces, en los casos que se produce sin intimidación o violencia, "resulta insatisfactorio" desde el punto de vista punitivo, según consta en la memoria de la institución correspondiente a 2007, a la que tuvo acceso Europa Press.

El documento, que será presentado en sede parlamentaria próximamente por del Defensor, Enrique Múgica, muestra que el año pasado se abrió de media, una investigación de oficio por cada día laborable. En total, se incoaron 262 expedientes de este tipo, frente a los 142 del periodo anterior, es decir, un 84,5% más.

En total, la institución registró 17.373 expedientes de queja durante 2007, frente a las 31.443 del periodo anterior, cuando el número de reclamaciones se disparó por la estafa de la filatélicas Forum y Afinsa.

Por temas, las materias que más quejas suscitaron en 2007 fueron, por este orden, la administración económica (3.002 reclamaciones), la ordenación territorial (2.932), función y empleo públicos (2.572), sanidad y política social (2.278), justicia y violencia doméstica (1.815), defensa e interior (1.746), educación y cultura (1.728) e inmigración y asuntos exteriores (1.300 quejas).

DELINCUENTES SEXUALES

En el ámbito de la justicia, el Defensor se hace eco del debate abierto en la sociedad acerca de la conveniencia o no de que los delincuentes sexuales obtengan ciertos beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena.

Sobre este asunto, a raíz de la liberación del 'segundo violador del example' pese a que el mismo reconoció no estar rehabilitado, el Defensor valoró la conveniencia de dar traslado al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para abordar una posible reforma legislativa que, según dice en el informe, aún "no ha recibido respuesta".

El informe también refleja el denominado caso 'Nanysex', abierto contra un hombre acusado de atentar contra la indemnidad de varios niños de entre 1 y 5 años de edad, con quienes mantuvo relaciones sexuales con penetración. La actual regulación impidió considerar estos actos como agresiones sexuales al no constar cometidos con "violencia o intimidación".

Al margen del debate interpretativo suscitado entre los juristas, el Defensor estima que desde el punto de vista punitivo, "resulta insatisfactorio" el tratamiento del Código Penal. Por ello, inició una actuación de oficio que finalmente fue archivada tras conocer el informe del Ministerio de Justicia, donde se concluía que si bien existía controversia sobre el asunto, "no había previsión legislativa para reconducir determinados abusos sexuales a menores de trece años al capítulo de agresiones sexuales".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado la elaboración de una norma específica sobre la publicidad de contenido sexual en medios de comunicación, así como su inclusión en las normas de autorregulación.

También en materia de justicia, el informe refleja las quejas en la vía de lo penal. En relación con este asunto, durante 2007 se tramitaron un total de 185 quejas, la mayoría de ellas por la dilatación en el tiempo de los procedimientos en curso, en algunos casos por la complejidad de los mismos, pero en otros por la falta de personal suficiente, "lo que supone una acumulación de procedimientos".

POBLACIÓN RECLUSA

El informe repasa otros temas objeto de las quejas en 2007, como la población reclusa, que ha continuado su incremento hasta los 67.357 internos. En este punto, destaca el aumento del 27 por ciento en las mujeres, por lo que urge "llevar a término los proyectos de habilitación o construcción de unidades de madres".

En el capítulo de seguridad ciudadana, el informe hace referencia a los "importantes retrasos" en las tramitaciones del DNI en las comisarías , así como las denuncias que "de manera permanente" se producen por presuntos abusos cometidos por agentes.

En materia de educación, se mantiene la tendencia de años anteriores en relación a las "disfunciones" en el nivel de educación infantil y la "insuficiente oferta educativa" en el primer ciclo de esta enseñanza, para niños de 0 a 3 años.

Mientras tanto, buena parte de las quejas recibidas en materia de medio ambiente ha versado sobre las deficiencias en la oferta de información ambiental y en la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a los proyectos de infraestructura.

En cuanto a la hacienda pública y la actividad económica en general, el grueso de las reclamaciones recogidas por el Defensor tenían relación con "determinadas actuaciones" de las entidades de crédito, motivo por el cual la institución incide en "la conveniencia de mejorar los trámites de control administrativo" que puede ejercer en este sentido el Banco de España.

En materia de Emigración e Inmigración, la Institución propuso la creación de una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración que coordine la labor de las distintas administraciones que intervienen en la gestión de este fenómeno, fruto de las investigaciones de oficio y las quejas recibidas relativas a cuestiones como el trato que se da a las personas que llegan a España en situación irregular, la reagrupación familiar o los menores no acompañados.

Sobre Sanidad y Asuntos Sociales, que acogió este año 2.278 quejas, destaca la investigación que puso de manifiesto deficiencias en la calidad de las instalaciones y el funcionamiento de algunos centros de adaptación psico-social para niños, así como la recomendación formal lanzada por la institución al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso de las mujeres en los centros públicos a la interrupción voluntaria del embarazo.

En relación con la situación del personal de las administraciones públicas, la institución se interesó por "las disfunciones o lagunas persistentes en los procesos selectivos" y recomendó que se consideren situaciones excepcionales para los aspirantes, como la coincidencia del parto con la fecha del examen de oposición, así como sugirió que sea tenido en cuenta el destino de la pareja de hecho a efectos de puntuación como se hace con los matrimonios.