Azkarraga dice que el Gobierno vasco estaba obligado a cumplir la orden judicial

Bilbao.-  El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha explicado hoy que la Ertzaintza ha retirado la placa y el monolito que recordaban a un miembro de ETA en un parque de Hernani (Guipúzcoa) porque había una orden de la Audiencia Nacional "que teníamos que cumplir", pero ha considerado "más importante" hacer actos "en positivo" en recuerdo de las víctimas.

Según ha expuesto, agentes de la Ertzaintza han quitado esta madrugada la placa y del monolito en recuerdo del miembro de ETA José Manuel Aristimuño para dar cumplimiento a la orden del juez Grande Marlaska y a los plazos recogidos en la resolución judicial, que fijaba hoy como fecha límite para retirar todos los "signos públicos" referentes al etarra en Hernani.

Azkarraga ha afirmado que el Gobierno vasco "está obligado a cumplir" esa orden, aunque, a su juicio, "es más importante fijarnos en aspectos positivos cuando hablamos de víctimas".

Personalmente, ha dicho, "siempre me inclinaré mucho más por actuaciones para reconocer el sufrimiento de las víctimas, de apoyo, homenaje o acercamiento hacia ellas, que cualquier otra actuación", pero la de Grande Marlaska, ha añadido, "era una actuación judicial que había que cumplir".

Azkarraga ha hecho estas declaraciones en la inauguración de una jornada organizada en Bilbao por el Colegio de Abogados de Vizcaya para analizar las consecuencias del caso Egunkaria, en la que ha participado "no sólo como consejero de Justicia, sino en representación de todo el Gobierno vasco", ya que, según ha dicho, al lehendakari le hubiera gustado asistir pero problemas de agenda se lo han impedido.

El consejero ha criticado que "lo absurdo" del proceso judicial que conllevó la clausura de dicho diario y la detención de sus responsables tras la adopción de medidas cautelares "que han conllevado efectos definitivos e irreversibles", en un sumario con con una "dilación injustificada".

A su juicio, el cierre de los periódicos Egin y Egunkaria supuso "una pena adelantada" y se adoptó "sin que hubiera existido la más mínima garantía de respeto de derechos humanos que son efectivamente vulnerados", como el derecho a la información y las libertades de prensa y la expresión.