La operación de Fujimori paraliza el juicio, que tiene la vista puesta en Montesinos

Lima.-  Transcurridos seis meses desde el inicio del juicio a Alberto Fujimori, el proceso pasa por un punto de inflexión ante la operación quirúrgica a la que hoy fue sometido el ex mandatario peruano y con la vista puesta en la cercana comparecencia de Vladimiro Montesinos.

Fujimori fue intervenido de una lesión en la lengua conocida como leucoplasia y que los especialistas consideran pre-cancerígena, de la que se recupera de forma satisfactoria, confirmó a Radio Programas del Perú (RPP) el oncólogo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Pédro Sánchez.

La salud del ex gobernante ha concitado la máxima atención del histórico proceso, en el que se le juzga por violación a los derechos humanos.

Este hecho ocurre cuando se iban a producir las comparecencias claves, como la de su ex asesor Montesinos, encarcelado por orquestar la gran trama de corrupción que llevó a Fujimori a huir a Japón en 2000.

El Tribunal Supremo ha pospuesto esta declaración al autorizar el ingreso del acusado en el hospital y tras suspender ayer el proceso por una semana.

Estos problemas de salud han generado suspicacias, ya que la acusación dudó en un primer momento de la dolencia.

Aunque una junta médica confirmó la enfermedad, los detractores del ex presidente alertaron de que el proceso podría anularse, ya que la ley peruana establece que un juicio oral no puede suspenderse por más de ocho días consecutivos.

Esto ha sido negado por el abogado de Fujimori, César Nakazaki, quien reitera que el desarrollo del juicio favorece al ex gobernante.

"Ante el juicio estamos muy satisfechos", declaró el letrado al término de la última audiencia, al reiterar que Fujimori es el más interesado en que continúe.

Con 67 audiencias a cuestas, el proceso ha tenido momentos de intenso debate, pero también bajones en el interés público, y lo único notorio es que se espera con impaciencia su conclusión.

Fujimori está acusado de ser "autor mediato" (planificar, organizar y dirigir) de las matanzas perpetradas por el grupo militar encubierto Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), con el resultado de 25 muertos.

También por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado de 1992.

Se da la paradoja de que mientras un 53,3 por ciento de los peruanos lo considera culpable de estos delitos, un 64,7 por ciento aprueba la que fue su gestión presidencial (1990-2000).

Así se refleja en una reciente encuesta de la empresa CPI, que agrega que la razón principal de la aceptación al régimen fujimorista fue la erradicación del terrorismo, destacada por un 26,1 por ciento, aunque el 50,4 por ciento cree que su Gobierno fue corrupto.

Durante el intenso proceso judicial, con sesiones los lunes, miércoles y viernes desde el pasado 10 de diciembre, han destacado testimonios que pueden inclinar la balanza a uno u otro lado.

Desde las declaraciones de los periodistas Gustavo Gorriti y Umberto Jara hasta la del ex general Rodolfo Robles, quien denunció la existencia de Colina en 1993, podrían evidenciar su culpabilidad.

Por ahora han pasado por el estrado casi todos los miembros de Colina: dos de ellos aseguraron que Fujimori conocía sus actividades, pero otros lo negaron, como el líder del grupo, el ex mayor Santiago Martin Rivas.

Por eso, Nakazaki considera que no existe una sola prueba documental de que su cliente tuviera el mando operativo y, por tanto, vínculos con los crímenes, mientras que la Fiscalía y la defensa civil señalan que los testimonios confirman su responsabilidad.

Y es que al ser enjuiciado como "autor mediato" de los hechos no se requieren documentos o autorizaciones de puño y letra que confirmen tal acusación.

Eso se constató en abril pasado, cuando el ex general Julio Salazar Monroe, ex jefe de los servicios de información, fue sentenciado a 35 años de prisión por considerarlo "autor mediato" de la masacre de La Cantuta.