MADRID.- Si tuviésemos que dar una nota global por el grado de aplicación de la Renta Básica de Emancipación (RBE), no sería muy optimista. Tras casi seis meses de aplicación (se puso en marcha a principios de enero de 2008), todavía están pendientes de resolución cerca del 60% de las solicitudes presentadas en toda España.
Y es que, de los casi 130.000 jóvenes que habían solicitado esta ayuda del Gobierno para el alquiler hasta finales de mayo, aún se encuentran a la espera de una respuesta más de 77.000 y sólo 15.000 han empezado a cobrarla.
País Vasco, Castilla-La Mancha y Navarra son las comunidades autónomas que mejor están cumpliendo con sus jóvenes arrendatarios. Todas ellas tienen menos del 15% de las solicitudes pendientes de resolución. En el lado opuesto, suspenden estrepitosamente Galicia, La Rioja y Canarias, todas ellas con más del 70% de los deberes sin hacer.
Pero son los jóvenes que viven en Madrid los que más problemas están teniendo a la hora de solicitar esta ayuda. El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre aún tiene más del 90% de las peticiones sin resolver. La explicación de la Consejería de Vivienda: que ha tenido que pedir una "documentación adicional" a los solicitantes que trabajan por cuenta ajena, lo que ha retrasado el proceso de tramitación.
El culpable de que la Comunidad de Madrid esté a la cola en cuanto a RBE es el certificado de haberes. Documento que se ha convertido en el protagonista de innumerables foros, donde son muchos los jóvenes que se preguntan qué es y cómo se solicita.
Pues bien, este certificado es un documento que cada empresa entrega a sus trabajadores de forma anual, y en él aparecen reflejados los ingresos brutos y netos percibidos en el ejercicio anterior (en este caso 2007) con sus pertinentes retenciones de IRPF o de la Seguridad Social. Hay que recordar que uno de los requisitos para cobrar los 210 euros es no ganar más de 22.000 euros brutos anuales.
Aunque todas las comunidades y ciudades autónomas han firmado acuerdos con el Ministerio de Vivienda para la puesta en marcha de esta iniciativa, son muchas las dudas que ha suscitado en algunos gobiernos regionales. Es el caso del País Vasco, que introdujo una "cláusula específica" en el convenio, donde el Ejecutivo autónomo "se reserva la potestad de retirar esta ayuda si resulta inflacionista", nos comentan desde el Departamento de Vivienda. Es decir, si favorece la subida de los precios, algo de lo que ya se han quejado algunos partidos políticos.
Unos 77.000 jóvenes españoles siguen esperando una respuesta a su solicitud de ayuda y sólo 15.000 han empezado a cobrarla
Y hay quien ha ido más allá. La Rioja, Comunidad Valenciana, y Comunidad de Madrid han recurrido a la máxima instancia judicial contra la subvención al alquiler, en este caso porque consideran que invade las competencias en vivienda de los ejecutivos regionales. El Tribunal Constitucional ha aceptado los tres recursos.
El tercer punto en discordia es si el plan estatal cumple con los objetivos previstos. O lo que es lo mismo, si está dinamizando el mercado de alquiler en España, que apenas representa el 11% del parque residencial frente al 40% de la media europea. En este sentido, desde la Consejería de Vivienda del País Vasco nos comentan que "la mayoría de los solicitantes de la ayuda son jóvenes que ya vivían de alquiler". En la Comunidad de Madrid, nos dan cifras concretas: sólo el 25% de las solicitudes corresponden a nuevas emancipaciones.
Sea como fuere, esta subvención puede seguir solicitándose y tiene carácter retroactivo. Esto quiere decir que, independientemente de cuándo se empiece a cobrar, la anualidad empezará a contar a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Puedes consultar toda la información que necesites, e incluso descargarte el impreso de solicitud de tu comunidad autónoma, en la página que el Ministerio de Vivienda ha habilitado a tal efecto.
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