Esta huelga sí que mola

MADRID.-  Unos 840 euros netos, el sueldo de un controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), son la causa de que desde hace cuatro semanas nadie te multe por aparcar en Madrid sin papelito. La huelga se alarga hasta el 28 de junio, mientras el Ayuntamiento se lava las manos y la patronal resiste el pulso. Saben que no existe presión social que motive el acuerdo.

(EFE)

Los conductores madrileños están encantados. Eso de poder dejar el coche en zona azul o verde sin la amenaza de una sanción, sin la obligación de consultar el reloj continuamente, sin disgustos al encontrarte empapelado porque se te ha pasado el tiempo volando, es la gloria. Por mucho que Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, se empeñe en que los madrileños con tarjeta de residente valoran más la zona azul desde que cualquiera puede usarla, lo cierto es que no existe ni un solo madrileño que se haya manifestado en contra, a pesar de que la moda imperante anima a la agitación pública ante el menor conflicto de intereses.

La portavoz del SER de Comisiones Obreras (CCOO) sabe que sólo cuentan con su "capacidad para seguir luchando y aguantar"como medida para forzar la negociación, al no generar un gran malestar en los ciudadanos o la alarma social que ha provocado la huelga de transportistas, por ejemplo. "Madrid es una ciudad habitualmente colapsada y aunque aumente el caos, la gente está acostumbrada", reconoce esta delegada de CCOO y trabajadora de EYSA, una de las empresas concesionarias que por el momento se niegan a mejorar la última propuesta.

La patronal formada por dos asociaciones sectoriales, Anere y Asesga, que concentra a las principales empresas concesionarias del Ayuntamiento —en su mayoría filiales de grandes constructoras como Ferrovial, ACS, Sacyr o Fomento de Construcciones y Contratas, entre otras—, no tiene intención de mejorar las condiciones que propuso la semana pasada y que fueron rechazadas por los trabajadores. El aumento de un 33% de salario para los próximos cuatro años, distribuido en diversos porcentajes anuales cerrados y sin posibilidad de revisión del IPC una vez terminado el periodo firmado, no colma las demandas de los sindicatos, que consideran que el salario volvería a quedar congelado. "No tienen en cuenta además las condiciones en que desarrollamos nuestra jornada. Nos tenemos que buscar la vida en la calle, y además tenemos gastos añadidos por trabajar a la intemperie", apunta la portavoz de CCOO.

El Ayuntamiento tenía previsto interponer 2,8 millones de demandas por uso indebido del SER durante este año y unos ingresos presupuestados de 82 millones por expedición de tickets, lo que diariamente se cifra en 300.000 euros, cantidad que desde el 18 de mayo ha dejado de entrar en las arcas municipales. Quizá el próximo Congreso del PP mantiene demasiado ocupado al equipo de Alberto Ruiz-Gallardón como para solucionar un conflicto que tiene encantados a los madrileños.