Desmontan en Brasil una red de productores de etanol acusada de evasión fiscal

Río de Janeiro.-  La policía brasileña desmontó hoy una organización delictiva integrada por productores de azúcar y etanol, a la que acusa de haber evadido al menos 2.000 millones de reales (unos 1.225 millones de dólares) en impuestos, informaron fuentes oficiales.

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(EFE)

La red agrupaba a propietarios de plantas agroindustriales en Sao Paulo, el estado de donde procede más de la mitad de la producción nacional de azúcar y etanol de caña, productos de los que Brasil es el mayor productor y exportador mundial.

La red agrupaba a propietarios de plantas agroindustriales en Sao Paulo, el estado de donde procede más de la mitad de la producción nacional de azúcar y etanol de caña, productos de los que Brasil es el mayor productor y exportador mundial.

"La organización criminal del sector de azúcar y etanol estaría practicando desde hacía varios años actividades destinadas a defraudar al fisco y a la Previsión Social", señaló un comunicado divulgado por la Policía Federal.

La institución no informó cuántas personas fueron detenidas en la llamada operación "Caña Brava", aunque aclaró que recibió órdenes de la justicia federal para detener a 19 acusados y realizar allanamientos en 46 locales.

La operación, que movilizó a cerca de 300 agentes de la Policía Federal y fiscales de la administración de impuestos, se extendió a diez municipios del estado de Sao Paulo, incluyendo su capital.

El objetivo de la acción fue recoger documentos, libros de contabilidad y datos informáticos que puedan servir como pruebas en los procesos e identificar a otros implicados en la red de evasión.

Según la nota de la policía, las investigaciones comenzaron en octubre de 2007 cuando se descubrió que varios empresarios del sector estaban firmando contratos de venta por valores inferiores a los verdaderos.

Los fabricantes adquirían caña de azúcar por valores determinados y después comunicaban la venta de los derivados a precios que prácticamente no les dejaban ganancias, lo que levantó las primeras sospechas.

La policía acusa a los empresarios de haber creado una contabilidad paralela y "blindado sus patrimonios con la utilización de empresas de fachada".

Los principales incriminados son el grupo empresarial Compañía Azucarera de Penápolis (CAP), "en el cual varios empresarios y productores del sector de azúcar y etanol estarían directamente involucrados en actividades ilícitas destinadas a defraudar al fisco".

La deuda del grupo CAP con el Estado supera los 500 millones de reales (unos 306,7 millones de dólares).

Según la policía las investigaciones demostraron la existencia de mecanismos ilegales como contratos de venta de etanol por valores inferiores a los reales, sistemas de pesaje de cargas adulterados, compra y venta de caña de azúcar sin emisión de recibos fiscales, depósitos en cuentas de testaferros, transferencias de bienes para empresas de fachada y ocultación de patrimonio.

Los acusados serán procesados pro los delitos de asociación para delinquir, evasión fiscal, emisión de recibos falsos y falsificación de documentos, delitos cuyas penas pueden sumar 23 años de prisión.