Las CCAA del PP piden un real decreto que fije los criterios de "copago" y calidad sobre la dependencia

Murcia.-  Representantes de siete Comunidades Autónomas gobernadas por el PP acordaron hoy en Murcia solicitar al Gobierno que apruebe un real decreto en el que fije los criterios de calidad de residencias, centros de estancias diurnas y ayuda a domicilio, y del copago de las prestaciones de la Ley de Dependencia.

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(EFE)

Tres jubilados dan un paseo.

Los populares rechazan la posibilidad que actualmente genera la ley según la cual cada una de las 17 autonomías podría regular independientemente tales criterios de calidad o la forma en la que participarán los beneficiarios en el coste de las prestaciones "según su capacidad económica personal", como indica el artículo 33 de la ley.

El secretario general Política Social de Murcia, Fernando Mateo, dijo a EFE que podría darse el caso de un padre de familia que gane 1.000 euros al mes, que por un accidente de tráfico pase a ser gran dependiente, y que el 90 por ciento de su salario sirva para sufragar la prestación, dejando a sus hijos y esposa en la indigencia.

Las Comunidades del PP solicitan que se aclare el "copago" y que un real decreto de Consejo de Ministros especifique que a la hora de tener en cuenta la capacidad económica personal del beneficiario, también se tengan en cuenta las circunstancias familiares o personales, de modo que no se grave más de la cuenta la renta familiar en caso de menores dependientes o cuando un adulto tiene hijos a su cargo.

Además consideran necesario dejar un mínimo de cien euros al mes para sus gastos a una persona con prestación residencial, sea cual sea su renta.

Por otro lado, y en cuanto a los criterios de calidad, los populares creen necesario que el Estado fije tales criterios y que los apoye económicamente, ya que afectan tanto a la cualificación de las personas que van a realizar la ayuda a domicilio como a los nuevos ratios que tendrán los centros asistenciales.

"No es aceptable que se exija a las Comunidades Autónomas que se implanten determinados criterios de calidad, y la pregunta es quién los paga, por lo que deberían estar cofinanciados por la administración del Estado", agregó Mateo.

El consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, dijo en rueda de prensa que si las comunidades trabajan en este campo es porque realmente les preocupa la ley de dependencia, ya que tras un año de su aplicación todos tienen experiencias y casuísticas que podrían enriquecer esta normativa estatal.

Bascuñana afirmó que lo más preocupante es cómo se va a asegurar la financiación de la ley, e indicó que en la reunión de Murcia de ayer y hoy también se trataron las incompatibilidades, ya que exceptuando la prestación residencial, que debe ser incompatible con cualquier otro tipo de ayuda, los dependientes que estén atendidos en centros de día o en teleasistencia podrían tener compatibilidad en las prestaciones de tales servicios.

Criticó además a los políticos que realizan manifestaciones sobre la ley "sin tener ni idea y que la utilizan solo para desacreditar sin saber de qué hablan", por lo que pidió una tregua en la materia para que se pueda aplicar la ley de la mejor manera ajenos a la lucha política.

Piden además homologación de criterio en los datos que hay que enviar al ministerio evitando la interpretación legislativa, ya que actualmente unas autonomías envían a Madrid el número de valoraciones, otras el de solicitudes, y las hay que remiten el de prestaciones o de expedientes incoados, lo que favorece el que esta diferencia de datos sea utilizada como arma arrojadiza por parte de las oposiciones políticas en cada una de las 17 comunidades autónomas.