La nueva Ley del Patrimonio culmina las medidas contra el expolio subacuático

Madrid.-  La nueva Ley del Patrimonio Histórico anunciada hoy por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, culminará las medidas contra el expolio de la riqueza subacuática española adoptadas por el Gobierno desde que hace un año estalló el caso Odyssey.

La futura ley, que sustituirá a la que fue aprobada en 1985, pretende establecer un sistema de protección del patrimonio arqueológico subacuático e "impedir la impunidad de aquellos que atentan contra él", ha explicado hoy Molina en su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso.

El Gobierno se planteó en la pasada legislatura una reforma de la Ley de Patrimonio que no se llegó a concretar, pese a que la antecesora de Molina, Carmen Calvo, llegó a anunciar en enero de 2006 que ese año estaría terminado un borrador de dicha reforma que sería propuesto en el calendario legislativo de 2007.

El anuncio de la nueva ley hecho hoy por el ministro coincide con una fase crucial del proceso que mantiene en un tribunal de Tampa (EEUU) el Estado español para reclamar la propiedad de un tesoro valorado en 500 millones de dólares obtenido el pasado año por la empresa norteamericana Odyssey.

El Gobierno español anunció el pasado 8 de mayo que "con total certidumbre" el navío "expoliado" por la empresa cazatesoros norteamericana es el Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata perteneciente a la Armada española que fue hundida en 1804.

El juez del Tribunal de Tampa que atiende la reclamación española dio la pasada semana un plazo de 60 días al Estado español para que presente sus pruebas y justifique el principio de inmunidad soberana de la fragata.

La empresa norteamericana considera que, aún en el caso de que España pruebe que el cargamento extraído procedía de ese navío, la fragata transportaba en su mayor parte mercancía privada y se encontraba en una misión comercial en el momento de su hundimiento, por lo que "no estaría sujeta a inmunidad soberana".

Una vez que España presente sus pruebas ante el tribunal, Odyssey dispondrá de otros sesenta días para contestar a las reclamaciones españolas.

El Gobierno considera que España está "ante un horizonte esperanzador" en el caso Odyssey, según afirmó el ministro de Cultura al tratar este asunto el pasado 14 de mayo en la sesión de control del Congreso, en la que resaltó que el Estado "denunciará y perseguirá eficazmente" todas las actividades de "las llamadas empresas cazatesoros".

La vía judicial no es la única que ha seguido España para la protección de su patrimonio subacuático desde que Odyssey anunció en mayo de 2007 el hallazgo del tesoro que reclama el Estado español.

Desde octubre pasado existe un Plan Nacional de Arqueología Subacuática, que establece la elaboración de "Cartas Arqueológicas Subacuáticas" de todo el país y compromete a las administraciones públicas a declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) las zonas arqueológicas subacuáticas más emblemáticas del litoral.

El Gobierno pretende además definir un modelo de actuación consensuado con la comunidad internacional para evitar el expolio subacuático y para ello puso en marcha en noviembre pasado las primeras gestiones ante sus socios comunitarios, con "resultados alentadores", según Molina.