El TSJIB abre un juicio oral contra catorce personas, cinco alcaldes del PP

Palma.-  El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado la apertura del juicio oral contra los catorce acusados por el "caso Caballistas", entre los que figuran cinco alcaldes y cargos del PP, por legalizar una vivienda en suelo rústico propiedad del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal (PP).

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(EFE)

Una de las acusadas, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler.

El acta de acuerdo, emitida hoy por el TSJIB y firmada por el juez que instruye el caso, Antonio Montserrat, señala que se decreta libertad provisional para los catorce acusados, a los que se exige presentar en el plazo de cinco días una fianza por los costes que pueda suponer el juicio.

Entre los acusados se encuentran alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el alcalde de Montuïri, Gabriel Matas; el de Selva, Joan Rotger; el de Santanyí, Miquel Vidal; el teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet; y el de Inca, Joan Rubert, cuya fianza asciende a 20.000 euros.

La mayor fianza pesa sobre el ex alcalde de Ses Salines, Vidal, que tendrá que aportar 60.000 euros; y la menor, de 14.000 euros, se ha fijado para el celador de obras del consistorio saliner, Sebastià Escalas.

El documento de apertura de juicio oral, fechado el pasado viernes, 13 de junio, explicita que los hechos por los que fueron imputados los catorce acusados "revisten carácter de delito" y que "existen indicios racionales de criminalidad" contra estas personas.

Las defensas correspondientes tendrán que presentar ahora, en el plazo de diez días, sus escritos frente a las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, que será el órgano competente en esta causa judicial.

El escrito del Ministerio Fiscal explica que el primer acusado, el popular Sebastià Vidal, siendo alcalde del Ayuntamiento mallorquín de Ses Salines, construyó una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras edificaciones en la parcela 21 del polígono 9 del catálogo de fincas rústicas de dicho municipio.

La acusación, dirigida por el fiscal jefe Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, añade que dichas construcciones resultaban "de todo punto contrarias a derecho", pues los terrenos tenían la consideración de rústico y el tamaño de la parcela (8.878 metros cuadrados) era "muy inferior al requerido por la normativa" (14.000) para poder edificar.

"El acusado había tratado de legalizar la nave indicando que era para uso agrícola y dicha solicitud había sido denegada, lo que evidenciaba la ilicitud de lo construido", afirma el escrito de Carrau, quien recuerda que el único medio que tenía Vidal para dar legalidad a la obra era declararla de interés general.

El fiscal asegura que, para conseguir esto, el entonces alcalde de Ses Salines hizo que la Agrupación Caballista del municipio promoviera la tramitación de un expediente solicitando la declaración de interés general alegando que su uso se destinaría al club social hípico de la localidad.

El papel oficial del Ayuntamiento lo firmó el propio Vidal el 11 de agosto de 2004, afirma el Ministerio Fiscal, "después de convencer a otros diez alcaldes para que realizaran documentos de contenido similar e inveraz, asegurándoles que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad".

Estos diez alcaldes, algunos de los cuales siguen ocupando sus cargos municipales, firmaron el documento que fue incorporado por el entonces alcalde de Ses Salines y principal acusado en el anexo 1 de la declaración de interés general bajo el epígrafe "Certificaciones de ayuntamientos".

El Ministerio Fiscal señala que, además de Sebastià Vidal, era conocedor de la falsedad del documento el celador municipal de Ses Salines, Sebastià Escalas, así como el ex alcalde de Campos Andreu Prohens y su secretario municipal, Sebastià Portell.

Por el contrario, los otros diez acusados firmaron el documento, según la Fiscalía, "en la confianza de que Sebastià Vidal le había dicho la verdad", sin comprobar nada al respecto.

El fiscal Juan Carrau pide para el ex alcalde de Ses Salines, como inductor de un delito de falsedad documental en documento oficial, como autor del falso documento y como inductor de otros nueve delitos imprudentes, una pena de seis años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación especial para cargo o función pública durante seis años.

Para el celador municipal de Ses Salines, Sebastià Escalas, cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota de diez euros e inhabilitación durante cinco años por falsedad documental.

La pena reclamada por la fiscal para el ex alcalde de Campos Andre Prohens es de tres años de cárcel, veinte meses de multa de diez euros diarios e inhabilitación; mientras que para su secretario municipal la pena solicitada es de cuatro años de prisión, además de la multa y la inhabilitación.

Para los otros diez alcaldes y tenientes de alcaldes la pena solicitada es de diez meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y suspensión para cargo o función pública durante 9 meses.