Marbella (Málaga).- La ex alcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe ha asegurado hoy al juez instructor del "Caso Malaya", Óscar Pérez, que concedió en 2005 una licencia de segregación de la parcela de "Francisco Norte" en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.
Yagüe ha comparecido como imputada ante el citado juez en relación a una pieza separada del "Caso Malaya" en la que se investigan dos operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
Según han informado a Efe fuentes de la defensa de la ex regidora, la comparecencia ha tenido una duración de apenas tres minutos, en los que el instructor ha interrogado a Yagüe sobre la segregación de 10.300 metros cuadrados del subsuelo de la citada parcela para la construcción de un aparcamiento.
La ex regidora ha reconocido haber otorgado dicha licencia, y ha explicado que la concesión se acordó según el planeamiento vigente, que era el PGOU de 1986.
En relación con estas dos operaciones urbanísticas también comparecieron ayer el ex asesor Juan Antonio Roca, que negó ante el juez haber participado en la redacción y aprobación de los dos convenios, y el ex alcalde Julián Muñoz, que negó haber negociado los acuerdos pero admitió que los había firmado.
Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos.
El informe policial sobre la operación en la parcela "Ave María" establece que el consistorio firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
Antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.
El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Sobre la operación "Francisco Norte", el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.
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