Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) venezolana rechazó hoy el pedido del Poder Ciudadano de destituir a dos magistrados del Supremo que habrían incurrido en "falta grave", con el argumento de que no se cumplieron los "extremos legales" para apartarlos de sus cargos.
La AN es la única facultada para designar o destituir a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La presidenta de la AN, la oficialista Cilia Flores, explicó que la ley exige que la "remoción" de los magistrados sea pedida de forma "unánime" por los tres miembros del Poder Ciudadano y que, en este caso, dicha solicitud fue aprobada por la Contraloría y la Defensoría, con la abstención de la Fiscalía.
"Para solicitar la remoción se requiere unanimidad y no la hubo, razón por la cual (...) no se cumplen los extremos legales para proceder" a la destitución, declaró Flores a los periodistas tras una reunión del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por el presidente Hugo Chávez.
El Poder Ciudadano o Poder Moral, integrado por la Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, es uno de los cinco que consagra la Constitución Bolivariana de 1999 junto al Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral.
El Consejo Moral Republicano remitió el pasado 11 de junio a la AN un informe que recoge dos denuncias de particulares y establece que los magistrados del Supremo Carlos Oberto Vélez y Blanca Rosa Mármol de León incurrieron en "falta grave" durante el ejercicio de sus funciones, por lo que solicitó su destitución.
La AN, de 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno, es la única facultada para designar o destituir a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Flores explicó que la ley vigente establece que la "calificación de falta grave" la puede aprobar el Poder Ciudadano con una "mayoría simple" de sus integrantes, pero la sanción de "remoción" solo puede aplicarla el Parlamento si es solicitada de forma "unánime" por ese poder.
"Ya no hay ningún procedimiento (...) ya el Poder Ciudadano tomó una decisión, se remitió a la AN y en vista de que no cumple los extremos legales, la devolvemos", agregó la presidenta del Legislativo.
Los magistrados Oberto Vélez y Mármol de León rechazaron las acusaciones del Poder Moral por estar basadas en apreciaciones "políticas" y no jurídicas, al tiempo que denunciaron el supuesto "vicio" del procedimiento en su contra.
En el caso de Mármol de León, el Poder Moral señaló que en agosto de 2004 los diputados Darío Vivas y Carlos Delgado denunciaron a la magistrada por su actuación en la "investigación por el delito de conspiración" contra los opositores María Corina Machado y Alejandro Plaz Castillo.
Los diputados argumentaron que Mármol de León, "desconociendo la autonomía e independencia del Ministerio Público, solicitó recabar un expediente relacionado" con el caso contra Machado y Plaz, y con esa acción "quebrantó los procedimientos establecidos en la ley y generó un conflicto de poder".
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