El Gobierno de Nicaragua demanda al Grupo Barceló por 30 millones de dólares ante el CIADI

Managua.-  El Gobierno de Nicaragua ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una demanda por 30 millones de dólares contra el grupo hotelero español Barceló por supuesto incumplimiento de contrato.

ampliar foto

(EFE)

De izquierda a derecha, Juan José Ribas, Tomas Delaney, Walter Martino, y José Escalante Alvarado, ejecutivos del grupo hotelero español Barceló durante una rueda de prensa en Managua (Nicaragua).

El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, ha declarado en rueda de prensa que el Gobierno de su país ha acudido ante este centro de arbitraje, con sede en Washington, consciente de que en el CIADI "se dirimen y se favorecen intereses ajenos a los intereses populares".

El alto cargo ha afirmado que la demanda es para que el Grupo Barceló pague al Estado de Nicaragua una deuda, cuyo monto no ha precisado, a pesar de que se le ha preguntado varias veces a cuánto asciende la misma.

El pasado 5 de junio en una comparecencia ante la Comisión de Turismo del parlamento, Estrada se refirió a una deuda de 1,45 millones de dólares, más intereses por un monto no precisado, que sería pagada en 10 cuotas, a partir de 1996, según indicó la prensa local en esa fecha.

Ejecutivos de Barceló han negado que este grupo tenga deudas con el Estado nicaragüense y han criticado al Gobierno de Daniel Ortega por tratar a la empresa hotelera como "delincuentes" y de mantener un acoso contra esta corporación.

Según Estrada, el monto mínimo de los 30 millones de dólares es lo que el Estado nicaragüense invirtió en los años 80 en la construcción del centro turístico Montelimar, ubicado 55 kilómetros al oeste de Managua.

El procurador, pese a todo, ha aclarado que al tomar la iniciativa de la notificación de la demanda presentada ayer ante el CIADI, otorga al Grupo Barceló un período de gracia de seis meses para negociar una solución a esta controversia.

Estrada ha advertido de que si en ese período no hay conciliaciones o mediaciones, "no hay duda que el arbitraje va en el CIADI, que es el tribunal que a ellos (Grupo Barceló) más les gusta".

Ha recordado que, antes de la notificación al CIADI, la institución solicitó ante un juez de Managua un embargo preventivo contra el Grupo Barceló para reclamar la deuda a favor del Estado, pero no ha solicitado intervenir en los bienes de la corporación española.

Un juez de Managua aplicó un "secuestro preventivo" a comienzos de mayo pasado contra el hotel Barceló Montelimar Resort & Casino a petición de la Procuraduría, que depende directamente de Ortega.

El representante legal y asesor jurídico de Barceló en Nicaragua, Tomás Delaney, a su vez ha afirmado que ese embargo preventivo no está basado en demanda alguna concreta y ni siquiera conocen el expediente que se levantó en los tribunales de Nicaragua.

Delaney ha señalado que el acoso por parte del Gobierno de Ortega comenzó a raíz de que el Grupo Barceló anunciara el proyecto de construir un nuevo hotel en Managua de 147 habitaciones.

Estrada sostiene que la empresa española sólo pagó el 26 de mayo de 1993 una prima por 3.030.000 dólares y que no ha cancelado otras diez cuotas anuales consecutivas, a partir de un plazo que se venció el 30 de junio de 2006.

El representante legal del grupo Barceló ha explicado que esa corporación obtuvo ese centro turístico a través de una licitación pública, en la que presentaron la oferta más alta.

Además, ha agregado que el precio, de tres millones de dólares, lo valoró una firma de auditoría estadounidense.

"Barceló pagó lo que le dijeron que valía en ese entonces", ha añadido Delaney, quien ha observado que en 1993, tras la primera derrota electoral del sandinista Ortega, que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, "no había turismo" en este país.

El Hotel Barceló Montelimar es una antigua residencia del dictador Anastasio Somoza reconvertida en hotel en los años ochenta.

El contrato firmado entre el Grupo Barceló y el Gobierno de Nicaragua, que encabezaba entonces Violeta Chamorro, contemplaba un primer pago de 3 millones de dólares y un segundo pago a calcular cuando fuera superado determinado nivel de ocupación.