Alicante.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por el fiscal y ha archivado el "caso de los aparcamientos", en el que estaba imputado el alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, y otros dos concejales, entre otros, según han confirmado hoy fuentes municipales.
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por el fiscal y ha archivado el "caso de los aparcamientos", en el que estaba imputado el alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, y otros dos concejales, entre otros, según han confirmado hoy fuentes municipales.
De esta manera, el alto tribunal ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que el pasado febrero dictaminó el archivo de las actuaciones aunque el Supremo ha tenido que pronunciarse porque la Junta de Fiscales del mismo TS presentó un recurso de queja para revocar la decisión por considerar que había indicios de delito, lo que ahora queda rechazado definitivamente.
Las investigaciones sobre el caso se iniciaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento un quebranto económico de más de 2,26 millones de euros.
En la causa estaban imputados el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP) y los entonces concejales populares de Urbanismo (actual primer teniente de alcalde), Sonia Castedo, y Seguridad Ciudadana y Tráfico, Luis Concepción, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos.
En octubre del pasado año, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV asumió la investigación, cuyas diligencias había iniciado el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, por la condición aforado del alcalde, al convertirse en diputado autonómico.
Un mes después, el magistrado instructor del TSJCV consideró suficiente la prueba practicada y, tras su examen, estimó que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, una decisión que fue recurrida por el fiscal y la acusación particular.
En un caso en la que la acción popular correspondió al dirigente vecinal José Luis Valdés y a EU-IU, también estaban imputados el empresario supuestamente beneficiado, Enrique Ortiz, su colaborador, Santiago Bernálbez, así como el jefe del departamento técnico municipal de Tráfico, Antonio Escobedo.
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