Chile derogará una ley que financia a las Fuerzas Armadas con las ventas de cobre

Santiago de Chile.-  El Gobierno chileno sustituirá con planes estratégicos de defensa cuatrienales la llamada "ley reservada del cobre", una anacrónica norma de la dictadura que otorgaba fuertes asignaciones de recursos a las Fuerzas Armadas por vía extraparlamentaria.

"Es una anomalía que un presupuesto tenga una excepción relacionada con un tratamiento hermético de asignación de recursos que no son discutidos en el Parlamento", dijo hoy a Efe el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, quien lleva un año trabajando en la elaboración del nuevo proyecto.

El proyecto de ley, en cuyo borrador trabajan actualmente las secretarías (ministerios) de Defensa y Hacienda, será enviado al Parlamento en un plazo máximo de dos meses y el Gobierno confía en que esté aprobado este año, con el apoyo incluso de la oposición derechista.

"Cuando se concibió este mecanismo había razones que lo explicaban; sin embargo, con el paso del tiempo ha ido quedando como un elemento retrógrado en la asignación de recursos", argumentó el subsecretario Vergara.

En virtud de la llamada "ley reservada del cobre", creada durante el régimen militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), las Fuerzas Armadas reciben cada año un diez por ciento de las ventas brutas de la empresa pública Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial del "metal rojo".

Esta asignación -que no figura en el presupuesto del Estado chileno y, por lo tanto, escapa a la discusión pública en el Parlamento- otorga recursos a las Fuerzas Armadas que ascendieron a 1.390 millones de dólares el año pasado, cuando Codelco obtuvo un beneficio neto de 8.451 millones de dólares.

La dirección de Codelco estaba en desacuerdo con que la compañía tuviera que financiar el gasto militar y venía pidiendo que esos recursos se destinaran a proyectos e inversiones para mejorar su actividad.

"Es una traba cuya derogación ayudaría a nuestro funcionamiento como empresa", declaró recientemente el presidente ejecutivo de la empresa, José Pablo Arellano.

Y también el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet, quien en 2002 fue la primera mujer ministra de Defensa en Chile y en América Latina, buscaba desde hace tiempo una alternativa para un esquema de financiación surgido de la dictadura militar.

"Es poco democrático que partidas importantes de los recursos nacionales sean distribuidas sin la discusión de la instancia democrática, que es el Parlamento", reconoció a Efe el subsecretario de Aviación.

Vergara admitió que la ley surgida de la dictadura era "muy cómoda para las Fuerzas Armadas", porque les garantizaba sólidos recursos.

"Pero hemos llegado a un momento del desarrollo democrático que nos permite pensar en un mecanismo alternativo", puntualizó el subsecretario, quien elogió la "comprensión" del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea hacia el nuevo modelo.

"El reto es conciliar la exigencia democrática de la transparencia en el uso de los recursos con la necesidad de las Fuerzas Armadas de tener compras a largo plazo y que los proveedores tengan garantía" de que se les pagará, agregó Vergara, quien manifestó que confía en que la oposición apoye el proyecto de ley.

Según el Gobierno, "hay un cierto consenso" sobre esa iniciativa entre los sectores políticos, académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y de derechos humanos, a los que se les pidió su opinión.

"Ha habido coincidencia entre los expertos en que una solución posible es que se discuta en el Parlamento una ley que establezca cuáles son las necesidades estratégicas de la defensa en planes a cuatro años", detalló Vergara.